La crisis climática se ha hecho evidente con eventos extremos en diversas regiones del planeta: sequías prolongadas, tormentas e inundaciones severas y olas de calor sin precedentes. Sus efectos impactan directamente la vida de las personas —especialmente las más pobres y vulnerables—, profundizando las desigualdades y ejerciendo presión sobre las economías. Según el informe del IPCC publicado en 2023, ya existen soluciones técnicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, para implementarlas aún faltan acciones y coordinación política, cooperación internacional y financiamiento adecuado. Es en este contexto que la COP30, en Belém, adquiere una relevancia histórica.
En las últimas décadas, el debate climático internacional ha consolidado el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, según el cual los países desarrollados deben asumir una mayor parte de los esfuerzos debido a su peso histórico en las emisiones, mientras que los países en desarrollo también deben cumplir con las suyas. Si bien las naciones industrializadas enfrentan grandes desafíos para descarbonizar sus sectores industrial y energético, Brasil y sus vecinos amazónicos presentan un perfil distinto, dado que sus principales fuentes de emisiones provienen del cambio de uso de la tierra, especialmente la deforestación y la degradación forestal.
Según la FAO, Brasil —aunque responsable de una proporción relativamente pequeña de las emisiones globales— se encuentra entre los diez mayores emisores y alberga la mayor reserva mundial de carbono en biomasa forestal viva. Por ello, la existencia de la Amazonia es crucial para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5–2 °C por encima de los niveles preindustriales.
Sin embargo, la región amazónica enfrenta profundos desafíos y se ha caracterizado históricamente por conflictos territoriales, importantes disputas económicas y desigualdades sociales. La Amazonia brasileña, por ejemplo, ha desarrollado grandes proyectos energéticos, mineros y agrícolas que han atraído mano de obra y creado ciudades densamente pobladas, pero con infraestructura deficiente y baja calidad de vida. En el contexto sudamericano, la región se ha convertido en un espacio con políticas de desarrollo insuficientes, escasa coordinación regional, integración económica periférica, baja utilización de recursos locales, un modelo dominante poco sostenible, altos niveles de pobreza, desigualdad, exclusión, bajo índice de desarrollo humano, limitado acceso a la justicia y una tasa de violencia en aumento.
A pesar de este contexto, la COP30 representa un hito para las oportunidades de desarrollo sostenible de la región.
En los últimos años, bajo el liderazgo de los países amazónicos, se ha priorizado un modelo regional de desarrollo sostenible y un paradigma de silvicultura productiva con inclusión social, que valora la biodiversidad y genera ingresos locales. En materia de financiación destacan los mecanismos de pago por servicios ambientales (PSA) y las iniciativas REDD+ (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación), desarrolladas en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estos instrumentos buscan promover la inclusión de pueblos tradicionales, comunidades ribereñas, pueblos indígenas y pequeños agricultores.
En Brasil, el Fondo Amazonia —basado en cooperación Norte-Sur, no reembolsable y orientado a resultados— es un ejemplo concreto de gobernanza participativa y desarrollo inclusivo. Este fondo apoya a organizaciones comunitarias y proyectos de ciencia, tecnología e innovación, así como acciones de monitoreo, control y planificación territorial. Son esfuerzos que deben continuarse y ampliarse.
En agosto de 2025, en la V Cumbre de Presidentes de la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica), los países amazónicos aprobaron la Declaración de Bogotá, que destacó ejes de acción consensuados: fortalecer una economía orientada al desarrollo sostenible, incluyendo la bioeconomía; promover el Foro de Ciudades Amazónicas, la Red Amazónica de Autoridades Forestales y el mecanismo de cooperación con la Asociación de Universidades Amazónicas (UNAMAZ); crear un espacio de diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas (Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas, MAPI); impulsar el Mecanismo Financiero de la OTCA; y apoyar el lanzamiento del Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), entre otras iniciativas relevantes.
En materia de financiamiento, además del TFFF, otras iniciativas lideradas por Brasil en la COP30 buscan armonizar y ampliar la financiación climática. Entre ellas se encuentran la Hoja de Ruta Bakú-Belém para alcanzar los 1,3 billones de dólares anuales en financiamiento climático; las recomendaciones del Círculo de Ministros de Finanzas, con énfasis en ampliar los fondos climáticos internacionales y la financiación con tasas de interés reducidas; la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo; el aumento del crédito sostenible; el fortalecimiento de capacidades nacionales para la inversión verde; la creación de instrumentos financieros innovadores para movilizar capital privado; y la integración del riesgo climático en la regulación financiera mediante taxonomías armonizadas y mercados de carbono integrados.
Estas son algunas de las oportunidades que se abren para los países amazónicos en el marco de la COP30, a fin de transformar su enorme potencial en avances concretos hacia el desarrollo sostenible. Se trata de impulsar la socio-bioeconomía con valor agregado, el desarrollo de bioproductos, la consolidación de cadenas de producción sostenibles, el fortalecimiento de la infraestructura y las acciones en educación, ciencia, tecnología e innovación.
Para ello, es indispensable mejorar la capacidad de acción de los Estados amazónicos en colaboración con la sociedad civil; fortalecer con urgencia el rol de la OTCA como institución regional; asegurar mercados para los productos sostenibles de la región; promover políticas para reducir desigualdades sociales y estructurales; y ampliar el financiamiento y los mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo.
La Amazonia puede convertirse en protagonista de un nuevo modelo global de bienestar, donde los bosques en pie signifiquen productividad, sostenibilidad y calidad de vida. Las tareas son inmensas —de dimensiones amazónicas—, pero las oportunidades existen y el momento es ahora.
La autora es coordinadora de Financiamiento Internacional para el Desarrollo Sostenible en IPEA y profesora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPB).
