Ningún interés político ni económico debería estar por encima de la conservación del patrimonio natural. Panamá es un país con una privilegiada posición geográfica y una gran biodiversidad en sus ecosistemas. Es parte del Corredor Biológico Mesoamericano, un puente para la flora y fauna de todo el continente Americano.
Desde 2021, Panamá es uno de los tres países considerados como sumidero de carbono, esto es, que elimina más dióxido de carbono (CO2) del que emite. Esta condición puede verse amenazada por el impacto de las concesiones de minería a cielo abierto en diferentes sitios del país.
Me pregunto: ¿Dónde queda nuestro compromiso como un país verde? ¿Debemos permitir que se impacte negativamente nuestra biodiversidad?
Con la llegada de los españoles, Panamá comenzó a ser un punto estratégico para la exportación de minerales. Desde entonces hasta el presente se han extraído miles de toneladas de metales, oro, plata, cobre y otros metales.
Entre marzo y abril del presente año se realizó una consulta ciudadana con relación al nuevo contrato minero entre el gobierno nacional y Minera Panamá. El borrador de este contrato fue publicado en la plataforma Ágora. Opino que la opción utilizada no es la de una consulta pública: el Ministerio de Comercio e Industrias nunca ofreció una opción que facilitara que la ciudadanía pudiera discutirlo en profundidad. Al ser publicado solo por 30 días, no hubo el tiempo suficiente para hacerlo en debida forma.
Lo acaecido demuestra una vez más que Panamá no se compromete lo suficiente con los diversos pactos ambientales, como el Acuerdo de Escazú, firmado en 2020, en el que las autoridades deben tomar en cuenta la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Además, contamos con una legislación propia, la Ley No. 287 del 24 de febrero de 2022 -La Ley de los Derechos de la Naturaleza- que establece que el Estado y todas las personas -naturales o jurídicas-, deben respetar y proteger los Derechos de la Naturaleza. Se aprueban leyes para preservar nuestra riqueza natural que no cumplen su cometido.
La minería tiene graves impactos ambientales. Desde que se inicia la exploración minera ya existen consecuencias, por la constante modificación geológica de la superficie, creando a gran escala una erosión en el lugar. Al realizar grandes excavaciones y tras derribarse bosques, la fauna se ve obligada a abandonar su hábitat. Esto ocasiona un desequilibrio en el ecosistema. De igual manera, los depósitos para el relave de estos metales requieren grandes cantidades de agua que, al no ser saneadas, contaminan las corrientes hídricas superficiales y subterráneas, que no pueden volver a ser utilizadas, afectando a las poblaciones cercanas.
Como sociedad civil, tenemos el derecho a manifestarnos para que estas explotaciones mineras no afecten nuestro hábitat. A lo largo de los años, han ocurrido diversas protestas, como las de 2012 en la comarca Ngäbe-Buglé, cuando los indígenas lucharon por mantener protegido el Cerro Colorado.
En diciembre de 2017, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato-ley 9 de 25 de febrero de 1997, entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A. considerando que no cumplió con principios básicos de contratación pública tras la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), un grupo de la sociedad civil dedicado a tomar acciones legales para proteger el bienestar humano y el medio ambiente. Desde mayo de 2023, activistas medioambientales se manifiestan en contra de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental categoría III del Ministerio de Ambiente, para la extracción de oro en Cerro Quema que afectará gravemente la naturaleza de la región de Azuero, la zona más seca del país.
Es importante reflexionar sobre los impactos de esta actividad económica, incluyendo la contaminación y la gran devastación de bosques que ocasiona. También hay una entendible inquietud debido a las inequidades en la distribución de los beneficios económicos de estas actividades. Asimismo, el nuevo contrato minero tiene incongruencias con relación a nuestros compromisos ambientales.
Panamá debe buscar otras alternativas de fuentes económicas sostenibles y más congruentes con la realidad de nuestro país y con nuestra riqueza natural.
La autora es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2022
