En el cónclave que lo elegiría papa, el cardenal Ratzinger caracterizó la presente etapa del posmodernismo como: “… una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja solo como medida última al propio yo y sus apetencias”. A la corrupción, vieja compañera del ser humano, entre otros vicios, se refería y convendría fijar algunos parámetros, ahora que la sempiterna lacra se ha globalizado a través del escándalo Odebrecht.
El “juega vivo” del que hacemos gala la mayor parte de los panameños constituye una microexpresión de ese relativismo ético, el cual lucimos incluso con orgullo, pero en momentos de crisis, rechazamos las manifestaciones groseras y burdas de la corrupción de la que participan gobernantes y poderosos.
Protestemos con todas las fuerzas y hagamos votos para que en esta ocasión el poder no logre reconducir la protesta por senderos burocráticos y desmovilizadores, como el Pacto de Estado por la Justicia y en dicho esfuerzo sería necesario comprender el papel que desempeña la corrupción en nuestras sociedades.
Primera premisa: El poder se ejerce mediante el consenso y cuando el mismo no es posible, se acude a la fuerza, pero a veces el paso de un medio a otro no es directo ni plano, porque no es prudente lanzar la democracia representativa por un precipicio y pretender seguir gobernando sin consecuencias. Es en ese momento que de acuerdo al viejo Gramsci, surge la mediación de la corrupción y el fraude. En buen castellano, si los gobernados no aceptamos la proposición que para magistradas de la Corte hace el Presidente, antes de imponer las designaciones por la fuerza, el gobierno opta por obtener el favor de los diputados. Ya sucedió con anteriores gobiernos y magistrados.
Segunda premisa: Naciones de institucionalidad débil o imperfecta, como Perú, República Dominicana y Colombia han enjuiciado a ministros de Estado en ejercicio, mientras en Panamá solo la adscripción a determinada opción política y el carácter de exmiembro del gobierno, torna plausible el procesamiento. En buen romance, esta República cosmopolita y moderna, al menos en sectores de la capital, constituye un signo de vergüenza en materia de sistema judicial.
Conclusión: Urge la reforma constitucional para fijar los parámetros de una justicia que aplique el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, en la forma que lo dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se diseñe un sistema de selección de magistrados, fundado en la meritocracia. Nuestra república tiene más en común con el “We the people” que los norteamericanos tomaron de los iroqueses, que la soberanía de origen divino de las monarquías europeas.
El autor es abogado