Desde una perspectiva moralista de corte político, podemos celebrar que los escándalos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht colocaron en primer plano de la opinión pública de nuestro país y de toda América Latina el permanente problema de la corrupción en el campo de la política, campo en el que gobernantes, partidos y líderes políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, todos, debemos trabajar por el bien común (bien entendido, también).
De eso trata el patriotismo, piadosa virtud ciudadana amenazada de muerte junto con la familia tradicional, por el “progresismo” y sus corrientes ideológicas que apuntan a un mundo sin fronteras (ni geográficas ni morales ni sociales), promovido por agencias de las Naciones Unidas secuestradas por activistas de la nueva izquierda identificada con la ideología de género.
Hablamos de la corrupción de los conceptos de familia, patria y patriotismo, que políticos mediocres ignoran o pretenden ignorar. Políticos y analistas que ignoran lo que sucede en la Unión Europea y, sobre todo, en España, sumida en la ideología de género y su nueva cultura “progresista” anticristiana.
Son políticos que no entienden ni quieren entender las campañas de odio dirigidas por la internacional LGBT contra las organizaciones y los movimientos provida y familia que rechazan la educación sexual sin moral y fuera de la patria potestad; campañas de odio y desinformación contra quienes rechazan libros escolares promotores de la sexualidad antinatural de género.
Este es el mundo que se transforma ante los ojos nublados de políticos incapaces de enfrentar los destructivos cambios que promueve la cultura de género. Este peligro de corrupción cultural es el tema oculto de nuestras próximas elecciones, como en todas partes. Ya está presente en nuestro gobierno, con figuras de alto perfil, en los tres poderes del Estado.
Es el tema que los políticos inteligentes deben enfrentar, porque lo pueden vencer con el valor y fortaleza que confiere la verdad. Es el tema, sobre todo, de los grupos sociales que deben orientar y guiar a todo el pueblo por el bien de la patria amenazada.
Con fallas, malintencionadas o no, nuestro pueblo ha experimentado avances positivos contra la corrupción, ya que, como quizá nunca antes, la corrupción de funcionarios y personajes de alto perfil ha sido denunciada, investigada y juzgada. Pero no basta. No basta porque, además de las deficiencias humanas y los intereses de corrupción oculta, un enfoque sesgado del problema puede llevarnos a una engañosa satisfacción del deber cumplido, en el que el remedio resulte peor que la enfermedad.
La corrupción, como un mal social, debe ser enfrentada con criterio y metodología adecuados, más allá del derecho, en sus raíces y causas ocultas en el corazón humano, reivindicando la importancia de la familia y fortaleciéndola con leyes adecuadas y programas sociales enmarcados en los valores éticos y morales tradicionales.
El autor es periodista y educador