La discusión de la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción por fin comenzó. Finalmente no quedó más remedio que afrontarla.
Hemos sido testigos de lo que se ha hecho para torpedear una iniciativa que no surgió de los diputados, del Ejecutivo ni de la Corte Suprema, sino de un grupo de estudiantes de derecho que se atrevieron a impulsar esta iniciativa ciudadana. Este proyecto fue apoyado por otros grupos organizados de la sociedad civil, hasta llegar a este punto, donde no queda más que hablar para afrontar las consecuencias de lo que se diga.
Aparentemente, los diputados de gobierno parecen apoyarla. No es de sorprenderse, dada la urgente necesidad que tienen de lavarse la cara ante las dudosas actuaciones del Estado para investigar chanchullos donde pudieran estar salpicadas figuras del partido gobernante. No olvidemos que los $10 millones que donó Odebrecht al Partido Panameñista han sido ignorados, mientras que en Perú, una cantidad equivalente al 8% de ese total le costó el puesto al presidente.
Los dos partidos de oposición (desde hace muy poco por cierto), sí se han quejado del proyecto que busca que los delitos de corrupción no sean sujetos de recursos dilatorios, hasta que se cumplan los plazos para que se considere prescrita la causa, y los corruptos queden libres de culpa y puedan seguir su fiesta con los dineros ajenos. Lo cual no les hace ninguna gracia. Durante las discusiones se les ha salido el cobre, alegando todo tipo de argumentos absurdos. Desde que es un proyecto para perseguir a la clase política (que clase, no tiene ninguna), y de “acusar de corruptos sin pruebas” a los diputados.
Honestamente, no se qué pruebas esperan estos tipos si no dan recibos fiscales cuando reciben coimas, ni le expiden un documento a sus botellas cuando les piden parte de su sueldo. Igualmente, no tienen la costumbre de tomarse un selfi y ponerlo en su cuenta de Instagram cada vez que reciben un soborno o crean alguna liga deportiva de las que usan para embolsarse dinero público, buscando razones para aspirar a la reelección.
Deben entender que están para hacer leyes y no andar haciendo trabajo comunitario ni manejando planillas discrecionales de $30 mil mensuales cada uno, que no sean auditadas por la Contraloría. Esos más de $125 millones destinados a “servicios profesionales”, bien podían entregarse a las juntas comunales, si se pretende mejorar el país. Ah, pero es necesario que los vean como los mesías de sus circuitos, basado en los jamones y sacos de cemento que reparten.
El último recurso parece que será introducir modificaciones al proyecto para generar incomodidad al Gobierno, y lograr que también se opongan. Ya uno dijo que se debe incluir lo de las “empresas corruptas” que no puedan licitar para el Estado, lo cual ya generó la oposición del Ejecutivo cuando se presentó nuestra vergonzosa Ley de Contrataciones Públicas, que ha permitido seguir dándole proyectos a Odebrecht al margen de todas sus prácticas deshonestas.
Mientras tanto, los estudiantes que presentaron el proyecto han participado de los debates, con bastante más altura y argumentos que buena parte de los fronterizos que conforman la Asamblea. Oír a esos muchachos da esperanza de que en algún momento tendremos mejor materia prima para conformar los órganos del Estado. Que buena falta nos hace...
El autor es cardiólogo