Un clima de imprevisibilidad inusual rodea el proceso electoral costarricense, desafiando la arraigada estabilidad que durante décadas caracterizó su vida política. La repetición de resultados sorpresivos en las últimas tres contiendas presidenciales ha transformado el análisis político en un ejercicio de humildad, donde las encuestas han perdido su papel oracular y cualquier pronóstico debe formularse con cautela y escepticismo.
Este escenario volátil contrasta profundamente con el extraordinario legado institucional del país. Poseedora de una de las democracias más longevas y estables de América Latina, Costa Rica construyó su identidad sobre pilares irrenunciables: la celebración ininterrumpida de elecciones, la alternancia en el poder mediante reglas claras y la histórica decisión de 1948 de abolir el ejército, optando por la supremacía del derecho y la vía civil para la resolución de conflictos.
En este marco, el actual momento de turbulencia no constituye un fenómeno aislado, sino que se inserta en una corriente regional más amplia. Al igual que en otras naciones latinoamericanas, el populismo ha encontrado terreno fértil en Costa Rica. Los partidos políticos tradicionales, otrora canales centrales de representación e ideología, han visto disminuir su influencia frente al ascenso de figuras personalistas que construyen su poder apelando directamente a las emociones del electorado, frecuentemente relegando los programas de gobierno estructurados a un segundo plano.
La próxima contienda, a celebrarse el 1 de febrero, ejemplifica esta nueva complejidad. Un panorama saturado de veinte aspirantes presidenciales no se traduce necesariamente en una competencia equilibrada. Las mediciones actuales otorgan una amplia ventaja a la candidata del oficialismo, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, quien encabeza las intenciones de voto. Muy por detrás se ubican Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Ariel Robles, del Frente Amplio; Claudia Dobles, de la Coalición Alianza Ciudadana; y Fabricio Alvarado, de Nueva República, mientras el resto de las candidaturas registra apoyos estadísticamente marginales.
La explicación de esta hegemonía en las preferencias es multifacética. Responde, en parte, a una estrategia de comunicación gubernamental permanente y sofisticada, desplegada con intensidad en redes sociales, que ha logrado transferir una popularidad presidencial inusitada a la candidata oficialista. Este impulso se ve reforzado por una ventaja material decisiva: el acceso a recursos que posibilitan una campaña omnipresente, frente a una oposición debilitada por una severa escasez de financiamiento.
Dicha oposición, además, padece una fragmentación paralizante. La proliferación de veinte candidaturas no expresa una riqueza democrática, sino la evidencia de una dispersión profunda que atomiza el discurso, desorienta a la ciudadanía y, paradójicamente, simplifica la contienda al concentrar la atención efectiva en muy pocos actores. La incapacidad crónica para tender puentes y construir alianzas programáticas consolida este escenario, operando como un factor objetivo que favorece al candidato respaldado por la maquinaria estatal.
Lo que está en juego en estas elecciones trasciende con creces la mera designación de personas para cargos públicos. El desenlace podría reconfigurar el paisaje político e institucional del país durante las próximas décadas, abriendo la puerta a reformas sustantivas del Estado, modificaciones al sistema político e incluso la eventual discusión de un proceso constituyente, todo ello determinado por la correlación de fuerzas que emerja de las urnas.
En este contexto, la batalla por la Asamblea Legislativa adquiere una importancia crítica. Aunque tradicionalmente difícil de anticipar, todo indica una redistribución significativa de escaños: el oficialismo aparece con posibilidades reales de ampliar su bancada de manera sustancial, la izquierda muestra signos de crecimiento, mientras el centro y la derecha tradicionales enfrentan un escenario contractivo. La eventual obtención de una mayoría legislativa, ya sea de forma directa o mediante coaliciones, dotaría al próximo gobierno de un poder transformador capaz de alterar el equilibrio institucional vigente.
Estas dinámicas han llevado a algunos analistas a establecer comparaciones prudentes —nunca equivalentes— con coyunturas previas en países como Venezuela, Nicaragua o El Salvador. La atención se centra en patrones comunes: legitimidad de origen popular mayoritario, erosión de los partidos establecidos, oposición desarticulada y una potencial concentración progresiva del poder en el Ejecutivo, procesos que en otros contextos también comenzaron dentro de la formalidad jurídica.
Sin embargo, atribuir un desenlace definitivo a estas tendencias sería prematuro. La historia electoral reciente de Costa Rica recuerda constantemente los límites de la predicción. Las encuestas y lecturas en redes sociales delimitan contornos, no destinos, y un segmento considerable del electorado reserva su decisión para el propio día de la votación, preservando así un margen decisivo de sorpresa.
Costa Rica se aproxima a un momento definitorio en el que la solidez de su tradición democrática será puesta a prueba por las fuerzas de la fragmentación y la incertidumbre. El proceso electoral no solo determinará quién ejercerá el poder, sino que medirá la salud misma de su sistema político.
El verdadero triunfo, en este contexto, no será únicamente del candidato que alcance la mayoría, sino de la capacidad colectiva de la nación para atravesar este período de transición preservando los pilares del equilibrio institucional, el diálogo civil y el respeto a las normas que, por más de siete décadas, han garantizado su estabilidad y paz social. El desafío consiste, en última instancia, en renovar el contrato democrático sin fracturar sus cimientos.
El autor es politólogo, ex Asesor de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ex funcionario del PNUD, académico e investigador en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Director del medio de opinión La Revista CR.
