INSTITUCIONALIDAD

El costo de la corrupción y cómo impacta en la sociedad panameña

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La corrupción cuenta con diversas definiciones, una de ellas se refiere al  uso del poder para obtener beneficios privados indebidos; otra, la ubica como una práctica donde se utilizan las funciones o medios en provecho económico de algunos, ambos conceptos convergen en que no es un elemento positivo para la sociedad.

La corrupción es un problema mundial que no distingue razas, edad, género, nivel social, ni nacionalidad y que tiene un costo importante no solo económico, sino social, pues se pierde dinero (público y/o privado) que se pudo invertir productivamente para el país, y también se menoscaban los valores que permiten vivir a la sociedad en paz, dentro de conceptos éticos, y en una verdadera democracia.

El 69% de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de muy altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción), lo que deja claro que la corrupción se ha generalizado en todo el mundo. 

Panamá no escapa del flagelo de la corrupción, lo que se refleja no solo en este índice, donde el país quedó en el puesto 87 de 168 economías (38 puntos); sino también en el índice global de competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial, donde se indica que la corrupción es uno de los principales problemas para hacer negocios.

En el IGC,  el país obtuvo calificaciones muy bajas en temas relacionados a desviación de fondos públicos, confianza en los políticos, pagos irregulares y sobornos, favoritismo en las decisiones de funcionarios de gobierno, transparencia en las políticas de gobierno, comportamiento ético de las empresas, entre otros que cuestionan la fortaleza de la institucionalidad y que  evidencian la necesidad urgente de combatir la corrupción en todas las esferas (públicas y privadas), pues la misma afecta negativamente la competitividad del país. 

En los últimos meses temas como los sobornos realizados por la empresa brasileña Odebrecht, entre otros, han impactado a los panameños, pues dejan en evidencia el daño que le hace la corrupción a una nación. El costo que estos generan a la sociedad es alto, ya que esos recursos que están envueltos en actos ilícitos dejan de invertirse en áreas que realmente necesita la población y se pierden en beneficio de unos pocos. 

Además, la impunidad en un sistema de justicia altamente cuestionado es un problema que ofrece un negativo mensaje a los ciudadanos donde al parecer el “juega vivo” es aceptable y hasta rentable.

En definitiva, la corrupción destruye la institucionalidad, que es una pieza fundamental para que se determinen y respeten las reglas del juego en las que se desarrollan las sociedades. 

Una institucionalidad endeble, manchada con desconfianza y con falta de credibilidad desalienta las inversiones (locales y extranjeras), frena la actividad económica, elimina los incentivos para la innovación, frena el emprendimiento, afecta las posibilidades de la población de educarse (ya que piensan, por ejemplo, que no tiene sentido si es mejor “jugar vivo”) y trae caos a la sociedad ante la inexistencia de seguridad jurídica.

El costo de dicho flagelo es alto, perdemos no solo dinero, sino también valores. Como bien se dijo en una de las plenarias del XI Foro Nacional para la Competitividad realizado en octubre de este año, “¿Por qué están fallando nuestras instituciones? Porque estamos fallando como sociedad”.

No podemos soñar con ser una nación competitiva y con calidad de desarrollo, sin una sólida institucionalidad y la debida promoción de la importancia de los valores en nuestro principal recurso (los individuos), para que se recupere la confianza en el sistema democrático del Estado y podamos seguir creciendo y desarrollándonos social y económicamente para poder facilitar el lograr el máximo de bienestar para todos los panameños.

La autora es analista del Centro Nacional de Competitividad

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