La oferta laboral está conformada por empresarios, ya sean micro, pequeños, medianos o grandes. Dentro del mercado laboral, estos empresarios buscan maximizar sus beneficios mediante la combinación de los factores productivos: tierra y trabajo.
Por ello, los empresarios deben, dentro de un clima de incertidumbre e información asimétrica, emparejar sus ofertas de trabajo con la demanda de trabajo. Esto conlleva una serie de costos monetarios y no monetarios. En un mercado libre, estos costos serían bajos y la incertidumbre y la asimetría del mercado se reducirían con el tiempo.
Como dijo Friedrich Hayek, los precios son una señal de coordinación del mercado, y mientras más regulaciones existan dentro de un mercado, mayores serán las distorsiones y, por ende, los costos implícitos para encontrar a los trabajadores necesarios y adecuados para cada sector productivo o actividad económica.
Estas regulaciones implican los llamados costos de contratación (salarios mínimos, costos de entrada, beneficios sociales, costos de despido, entre otros). Esto no quiere decir que no existirían protecciones bajo una libertad laboral, sino que estas serían acordadas por mutuo acuerdo y bajo reglas del juego claras. Sin embargo, cuando estos costos son impuestos de forma unilateral, ya sea mediante la coacción del Estado o la coacción sindical, se termina generando desempleo.
Además, el empresario se enfrenta a costos asociados con la legalidad. Estos costos, nombrados así por el peruano Enrique Ghersi, son los costos monetarios y no monetarios asociados a la conformación de una empresa y su cumplimiento según la ley, como impuestos, avisos de operaciones, regulaciones, trámites, y prestaciones laborales, como la seguridad social. Cuando estos costos son muy altos o implican mucho tiempo o un mayor número de procesos para cumplirlos, generan costos de oportunidad que afectan la decisión de abrir una empresa o hacerlo de manera formal o informal. Por ende, cuando un país tiene altos niveles de informalidad y desempleo, como es el caso de Panamá, algunas de las causas pueden ser estos costos de legalidad.
La falta de reglas claras o de igualdad ante la ley crea procesos costosos y engorrosos que eliminan la competencia y desincentivan la apertura de empresas y la generación de empleo. Panamá necesita revisar sus costos de legalidad y la complejidad de abrir una empresa, tanto en términos de dinero como de tiempo y procesos que deben cumplirse, independientemente de si se trata de micro, pequeñas o medianas empresas. Idealmente, el país debería adoptar como regla general los tratamientos que tienen las zonas económicas especiales, los cuales han mostrado ser beneficiosos para las empresas y para quienes laboran en ellas. Nuestro país se beneficiaría enormemente de ello.
El autor es miembro de la Fundación Libertad.
