Casos vergonzosos colocan al país, en el ámbito internacional, casi en una situación de incapacidad investigativa en la persecución del delito. Solo a través de una confesión condicionada en un tribunal extranjero conocemos de las “gratificaciones” recibidas por funcionarios para la adjudicación de contratos multimillonarios. Nuestra sociedad se enfrenta a su descarnada realidad.
Hemos racionalizado la corrupción como un hecho social. “Robó pero hizo” es la letanía de quienes justifican sus simpatías o su indiferencia, ante descarados escarceos en detrimento del erario. En su momento, satanizamos a los militares. Eran la encarnación de lo malo, feo, bochornoso y corrupto. Muchos dieron gracias a Dios cuando fuimos invadidos y algunos, ingenuamente, pensamos que esa corrupción que argüían los militares para justificar el golpe de Estado de 1968, desaparecería por arte de magia, tipo Harry Potter.
Nuestra sociedad le cuesta aceptar que la corrupción y la debilidad institucional vienen de siempre. La corrupción existe desde la época colonial. Es conocido el caso de un pueblo en Panamá que es ejemplificado como una comunidad de corrupción sistematizada e institucionalizada en los tiempos de la colonia. ¿Su modus operandi? Contrabandeaban mercancías de terceros Estados. El único ajeno a lo que ocurría era el enviado de la corona española -Me reservo el nombre del pueblo ubicado en la provincia de Coclé-, solitario ingenuo.
Nuestra debilidad institucional se acentúa en el siglo XIX. No en vano decía Bolívar, preocupado por las recién liberadas repúblicas de Hispanoamérica, “estábamos… ausentes del universo cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y administración del Estado. Jamás éramos virreyes ni gobernadores, sino por causas muy extraordinarias; arzobispos y obispos, pocas veces; diplomáticos, nunca; militares, solo en calidad de subalternos…; no éramos, en fin, ni magistrados ni financistas, y casi ni aun comerciantes; todo en contravención directa de nuestras instituciones”.
La historia se convierte en oráculo cuando nos coloca en situación similar a la de hace casi 50 años. La corrupción ya no es patrimonio de gobiernos autocráticos. La pandemia se propaga a la democracia. Panamá es tan pequeño que seguro conocemos, o, incluso, hemos tenido interacción social con alguien hoy investigado o privado de libertad por presuntos delitos de cuello blanco.
Se hace difícil prolongar este estado de negación o creer, obtusamente, que podemos seguir “business as usual”. Nos roban la democracia cuando despojan al erario. Nos roban el futuro, cuando distraen dineros en “facilitaciones” o “ayudas”, eufemismos para corrupción sistémica.
Urge desmantelar la corrupción institucionalizada y, en cambio, construir la institucionalidad necesaria para fortalecer la república y sus instituciones democráticas. Es una magnífica oportunidad para hacer un severo llamado de atención a los órganos legislativo y judicial que, por su debilidad, son escasos contrapesos del Ejecutivo.
Basta ya de leyes superficiales que tratan de ponerle nombre al baile favorito de la parranda nacional. Fuera los artilugios que no permiten investigar el fondo de casos emblemáticos por cuestiones de forma, entronizando la impunidad y la falta de seguridad jurídica.
Nuestra democracia debe trascender el ejercicio quinquenal del voto. La República debe funcionar. Los costos de transacción, término económico para referirse a lo que nos cuesta a todos la corrupción, debe ser anécdota del pasado. Basta ya de que, por indiferencia, seamos cómplices por omisión de quienes se roban, al sustraer fondos del erario, oportunidades de salud, educación, infraestructura y servicios públicos. Esta pandemia ni es normal ni es aceptable. Consentirla como un hecho de la vida es dar la espalda a quienes con fe trabajan cada día convencidos de que sí hay oportunidades para quien estudia y se esfuerza. No seamos cómplices por omisión de este crimen sin nombre.
La autora es abogada