Panama Ports Company (PPC) ha anunciado un proceso de arbitraje contra la República de Panamá. Era obvio, dadas las ridículas concesiones que gobierno tras gobierno le dieron a esa empresa sin que el Estado panameño fuera recompensado. PPC obtuvo todo cuanto quiso, incluyendo la renovación automática de un contrato leonino, profundamente inconveniente para los intereses de la Nación.
Y PPC quiere todo de vuelta o que paguemos por recuperarlo, hasta el último centavo, más intereses, más lucro cesante y todo lo que le costó ese contrato. Los que lo renovaron no les importó nada. Al igual que el contrato minero, el gobierno de José Gabriel Carrizo/Laurentino Cortizo fue irresponsable y negligente, por decir algo decente. Mientras ambas empresas recogían diamantes, a nosotros solo nos permitían ver por unos instantes su brillo antes de verlos desaparecer en sus bolsillos.
Estoy seguro de que, si se busca en la Ley, debe haber, no uno, sino varios delitos de los que se les pueda acusar a esos funcionarios ante lo que parece ser simple estupidez e incompetencia. Pero muchísimas personas, entre las que me incluyo –legos absolutos en asuntos legales– nos dábamos cuenta de lo absurdo que era mantener esos contratos. La Corte Suprema de Justicia, por petición de terceros, tuvo que intervenir para darnos la razón: los que firmaron esos contratos violentaron la Constitución.
En consecuencia, ellos deberían ser investigados y enjuiciados, porque actuaron con, al menos, sospechosa desidia. Nadie, ni careciendo de sentido común, aceptaría los términos de esos contratos, salvo que esos funcionarios les permitieran algo más que presenciar fugazmente el destello de esos diamantes. O, como diría el exlegislador Manuel de la Hoz, “¡Aquí hay mameyes!”.
La Corte Suprema dejó como verdaderos peleles a afamados bufetes que revisaron esos contratos; a abogados de la Contraloría, incluido el contralor –abogado también–, a departamentos completos de asesores legales de ministerios y de la Presidencia de la República. No escaparon sus titulares (Carrizo/Cortizo) ni los defensores de oficio de esos mamotretos legales hechos para exprimir hasta el último centavo de nuestros valiosos recursos.
Pienso que para que se aprobaran esos contratos tal como quedaron redactados haría falta una orden de muy arriba; harían falta deslumbrantes incentivos para que los firmantes eligieran ser ciegos en lugar de leer lo que tenían enfrente; haría falta ser cómplice en lugar de íntegro; haría falta ser un Judas, un traidor que no lo fue por el puro gusto de serlo, sino porque comerció su falta de escrúpulos.
No creo que haya sido únicamente desidia; creerlo sería como elegir ser ciego. Pero no faltará el que diga que hay que probarlo. Y ese eligió ser ciego, porque solo hay que ver cómo viven hoy y cómo vivían antes. Lo que habría que preguntarse es, además de lo obvio, quién más participó en la fiesta en la que se paga por bailar.
Fuentes bien informadas relatan cuentos que aseguran no son cuentos. Narraciones de criptos, perdón, de la cripta. ¡De mameyes! De celebraciones y triunfos festejados discretamente; de riquezas instantáneas; de restaurantes y cafeterías que no necesitan clientes, sino de un local y un nombre. Y, por cierto, les recuerdo a esos que se pasan de ciegos que, si bien hay algunos que entran millonarios al Gobierno, como Ricardo Martinelli, eso no los hace menos codiciosos. Martinelli era o es infinitamente más rico, así que, en lugar de miles de dólares, mordió millones. Es decir, su inagotable apetito por lo ajeno no fue menos, fue mayor…
Sugiero a alguna autoridad iniciar una investigación seria sobre este asunto. Los panameños probablemente tengamos que pagar miles de millones en indemnizaciones a PPC, aunque espero no sea así. Pero, si así fuera, los que firmaron y aprobaron ese contrato no deberían seguir en las calles, como si ellos no fueran responsables de absolutamente nada. Son ellos los que deberían pagar por su inexcusable negligencia o por su descarada complicidad…, pero en la cárcel.
