Las criptomonedas surgieron como una innovación tecnológica con el potencial de democratizar las finanzas, agilizar las transacciones transfronterizas y ofrecer alternativas frente a sistemas bancarios costosos y lentos.
Gracias a la cadena de bloques, la criptografía y la descentralización, activos como Bitcoin, Ether y los stablecoins (criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable mediante reservas respaldadas) permiten mover recursos rápidamente, con costos reducidos y sin restricciones cambiarias. En economías con inflación crónica o controles de capital, los criptoactivos se convirtieron en una suerte de “cuenta en dólares” informal y en una puerta de inclusión financiera para quienes no tienen acceso a la banca.
Sin embargo, estas ventajas vienen acompañadas de riesgos profundos. La pseudo-anonimidad de las direcciones, la ausencia de intermediarios tradicionales y la proliferación de plataformas no reguladas facilitan su uso para actividades ilícitas, como el lavado de dinero, la evasión fiscal, el pago de sobornos, el financiamiento del crimen organizado y la corrupción política.
Aunque las blockchains públicas registran todas las transacciones, la identidad de los titulares permanece oculta, y el uso de servicios de mezcla incrementa la opacidad. En países con instituciones frágiles, las criptomonedas pueden replicar patrones históricos de corrupción, utilizando nuevas modalidades tecnológicas.
La reciente experiencia de Argentina ofrece una advertencia. El presidente Javier Milei apareció en un video promocionando la criptomoneda CoinX, que pronto colapsó entre denuncias de estafa y fraude. Aunque Milei alegó no haber autorizado el uso de su imagen, el caso mostró cómo los líderes políticos pueden legitimizar proyectos opacos que derivan en manipulación y pérdidas patrimoniales. La frontera entre política, cripto y desinformación quedó difusa y peligrosa.
Por otro lado, el indulto otorgado por Donald Trump al fundador de Binance, Changpeng Zhao, condenado por fallas en controles antilavado, revela la captura política y regulatoria de estas plataformas. La decisión envió una señal preocupante sobre cómo el poder político y económico puede debilitar el sistema regulatorio.
David Frum, analista de The Atlantic, advierte que la Ley GENIUS, nueva regulación para los stablecoins en Estados Unidos, podría provocar un colapso financiero similar al de 2008. Permite que emisores privados manejen enormes volúmenes de dinero sin supervisión bancaria, lo que expone al sistema a una posible corrida digital. Además, no resuelve los riesgos de uso ilícito, ya que los stablecoins siguen permitiendo el acceso al sistema dólar sin controles robustos.
El autor es médico salubrista.
