Cuando el 20 de julio de 2016, la Presidencia de la República designó una comisión especial para investigar los hechos de la sangrienta invasión del 20 de diciembre de 1989 y establecer la lista fehaciente de las víctimas, muchos superamos el escepticismo en el actual gobierno y sus métodos dilatorios.
La Comisión del 20 de Diciembre se instaló con la esperanza de toda la ciudadanía y, en especial, de los familiares de las víctimas de que realizaría su trabajo a cabalidad. Pero pronto pasaron los meses sin que se vieran resultados y, ante las preguntas crecientes, supimos que el Gobierno no otorgó los fondos necesarios para su funcionamiento, sino hasta casi un año después.
Hasta ahí, todos los problemas imputables al gobierno de Varela. Sin embargo, pese a que entendemos que hace varios meses finalmente se recibieron los fondos requeridos por la comisión, aún no hemos visto una convocatoria al público para que se apersonen a ella todos los que quieran denunciar la pérdida de un familiar durante la última invasión estadounidense contra Panamá. Al parecer, la comisión solo está trabajando con archivos de la Procuraduría y el Órgano Judicial, lo cual está bien, pero es insuficiente.
Peor aún, ha trascendido la renuncia de uno de sus cinco comisionados, el Dr. Enrique Illueca, porque la comisión, en una votación de mayoría estrecha, rechazó una propuesta de resolución, sustentada también por Rubén Murgas, otro comisionado, que cumplía al menos uno de sus mandatos: solicitar a las autoridades declarar el 20 de diciembre de cada año como Día de Duelo Nacional.
Todos los panameños, sin distingo de opinión política, reconocemos que ese día ha sido el más sangriento de nuestra historia con una lista de centenares de muertos y miles de heridos. Además, tomar posición sobre el Día de Duelo es uno de los mandatos del decreto que creó la Comisión del 20D.
Entendemos que fue el presidente de la comisión, el ingeniero Juan Planells, quien más se opuso a aprobar esta resolución que ha puesto al borde del fracaso su misión, sin que se haya logrado hasta el presente ninguno de sus objetivos. En la medida en que, después de casi 30 años de espera, ni la ciudadanía, ni mucho menos las víctimas y sus familiares, quisiéramos ver fracasar la comisión, solicitamos respetuosamente al Ing. Planells que reconsidere su posición.
Primero, porque a la Comisión del 20D solo le corresponde recomendar y tiene el deber moral de hacerlo, pero es al Ejecutivo y al Legislativo a los que les corresponde aprobar la declaración de Día de Duelo Nacional y, al no hacerlo, cada año se denigran a sí mismos ante la historia.
El autor es docente universitario