La reciente proclamación de Nicolás Maduro como ganador en las elecciones en Venezuela ha desencadenado una crisis política y electoral sin precedentes, con implicaciones allende sus fronteras. Como presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio (JNE) 2019 y 2024, me ha correspondido liderar una corporación electoral autónoma, encargada de escrutar y proclamar ganador al presidente y vicepresidente, en procesos electorales en situaciones de estrecho margen (2019) y de gran controversia (2024). Ello me permite enfatizar la importancia de salvaguardar la integridad electoral.
En mi rol como presidenta de la JNE, conozco muy bien cómo un sistema electoral transparente y participativo puede superar desafíos significativos. En 2019, manejamos una diferencia de apenas 2% entre candidatos, y, en 2024, enfrentamos una situación de gran tensión política. En ambos casos, la participación activa de la sociedad civil en todo el proceso fue clave para mantener la confianza en los resultados.
Los datos presentados por Jennie Lincoln del Centro Carter sobre la situación en Venezuela son contundentes. Su análisis de 24,533 actas (81.7%) apunta a una victoria aplastante de Edmundo González, con cerca del 70% de los votos, duplicando el apoyo a Maduro. Esta discrepancia masiva entre los resultados oficiales y los datos verificados independientemente plantea serias dudas.
El contraste con el sistema electoral panameño es notorio. En Panamá, el escrutinio es un proceso público y transparente, en el que cada acta determina el resultado de cada mesa, sin margen para interpretaciones arbitrarias. La sociedad civil juega un papel protagonista en el escrutinio y proclamación de los ganadores. Es un modelo que pone el poder directamente en manos ciudadanas.
La situación en Venezuela presenta varios puntos críticos:
1. Transmisión: El proceso fue aparentemente fluido, contradiciendo alegatos oficiales de interferencias externas.
2. Consejo Nacional Electoral: Ha incumplido compromiso de publicar resultados detallados y entregar copias digitales a partidos políticos.
3. Actas: La supuesta alteración de más de 30,000 actas sería un proceso complejo y fácilmente detectable.
4. Sistema electoral: Tecnológicamente avanzado, lo que genera sospechas sobre la posibilidad de manipularlo.
La situación provoca dudas sobre la integridad del proceso y demandas de mayor claridad por múltiples sectores.
Este aparente fraude electoral no es solo un problema de Venezuela; representa una amenaza directa a la estabilidad democrática de toda América Latina. La manipulación de resultados electorales socava la confianza en las instituciones democráticas, no solo en Venezuela, sino en toda la región. Crea un peligroso precedente que pudiera debilitar el tejido democrático del continente.
El impacto de esta crisis se extiende a varios niveles:
1. Regional: Puede desestabilizar las relaciones diplomáticas y económicas entre países latinoamericanos.
2. Institucional: Debilita la credibilidad de los organismos electorales y de supervisión en toda la región.
3. Social: Fomenta la desconfianza ciudadana en los procesos democráticos, pudiendo llevar a una mayor apatía política o radicalización.
4. Económico: La inestabilidad política puede afectar negativamente las inversiones y el desarrollo económico regional.
Para abordar esta crisis, es imperativo:
1. Publicar íntegramente y sin dilación todas las actas de votación.
2. Realizar una auditoría independiente y transparente del proceso electoral.
3. Abrir un diálogo genuino entre todas las partes para encontrar una solución que respete la voluntad del pueblo.
4. Implementar un sistema de observación electoral regional más robusto para futuros comicios.
La comunidad internacional debe asumir un papel activo, utilizando todos los medios diplomáticos y legales para presionar a las autoridades venezolanas hacia la transparencia. Los organismos multilaterales regionales deben coordinar esfuerzos para mediar en esta crisis y establecer mecanismos que prevengan situaciones similares a futuro.
El modelo panameño de participación ciudadana en el proceso electoral podría servir como ejemplo para fortalecer la democracia en la región. En Panamá, la sociedad civil no sólo observa, sino que participa activamente en el conteo, en la verificación de votos y en la proclamación de los ganadores, lo que genera confianza en la integridad electoral. Ningún funcionario proclama ganador a ningún candidato a un cargo de elección. Es la sociedad civil a través de juntas de escrutinio.
La resolución de esta crisis es fundamental no solo para Venezuela, sino para la salud democrática de América Latina. No podemos permitir que este aparente atropello a la voluntad popular quede sin consecuencias. Es un tema que exige la atención y acción continua de los defensores de la democracia en el continente.
Hay un hálito de esperanza: Panamá también vivió graves violaciones a la voluntad popular, incluso, la anulación de la elección de 1989. Hoy vivimos en una democracia en la que somos los ciudadanos los que custodiamos la voluntad popular.
Ojalá de esta crisis electoral en Venezuela, una prueba crítica para la democracia latinoamericana, salga una respuesta que haga valer la voluntad del pueblo venezolano. Estoy convencida que la respuesta a esta situación definirá el futuro de los procesos electorales y la confianza ciudadana en la región.
La autora es presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio 2019 y 2024.
