En la entrega anterior recordamos cómo la naturaleza, con su sabiduría geológica y biológica, convirtió el istmo de Panamá en un puente vivo entre Norte y Sur, y cómo la lluvia orográfica se convirtió en el motor que llena de agua dulce este pequeño pero prodigioso territorio. También vimos que la audaz ingeniería humana de inicios del siglo XX —al represar el río Chagres y crear el lago Gatún— transformó radicalmente el ciclo natural del agua en un ciclo socionatural, como lo llamo en mi libro La naturaleza social del ciclo del agua.
Aquella intervención trajo progreso global y conectividad, pero también un precio: destrucción del hábitat y de ecosistemas, pérdida de capacidad hídrica para la población y priorización del canal, lo que generó la necesidad permanente de cuidar las cuencas para “producir” más agua y evitar que el sistema colapse.
Hoy, en esta segunda parte, quiero mirar el presente y el futuro inmediato. Porque el Canal de Panamá no solo es una obra maestra de la ingeniería; es el ejemplo más claro de cómo la sociedad modifica el ciclo del agua y, al mismo tiempo, depende por completo de él. Y aquí es donde la realidad nos obliga a ser honestos: la seguridad hídrica de Panamá está en peligro, no por falta de agua en abstracto, sino por la forma en que se ha gestionado social y políticamente.
La cuenca hidrográfica del Canal —especialmente los lagos Gatún y Alajuela— es el corazón del sistema. Cada barco que cruza las esclusas consume alrededor de 200 millones de litros de agua dulce, que luego se vierten al océano. Esa agua no regresa al ciclo; se “pierde” y pasa a formar parte de otro ciclo.
En condiciones normales, el Canal opera con 36 a 38 tránsitos diarios. Pero en 2023, el tercer año más seco en la historia registrada, el fenómeno de El Niño y la variabilidad climática redujeron drásticamente las lluvias. Los niveles del lago Gatún tocaron mínimos históricos. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tuvo que tomar decisiones sin precedentes: limitar los tránsitos a 22 por día, reducir el calado de los barcos y, en algunos momentos, priorizar el agua para el consumo humano de más del 50% de la población panameña frente al comercio global.
Esto no es solo un problema técnico. Es la demostración viva de que el ciclo del agua ya no es solo natural: es social. La sociedad decidió, hace más de un siglo, que el Canal sería motor de la economía mundial. Pero esa decisión trajo consigo una competencia permanente entre usos: agua para barcos, agua para beber, agua para la agricultura y agua para los ecosistemas. Y cuando llega la sequía —cada vez más frecuente por el cambio climático—, esa competencia se vuelve conflicto.
Los retos que enfrentan nuestros hermanos panameños son claros y urgentes. Son retos que también tenemos aquí en Guatemala, retos que hemos diagnosticado una y otra vez y que ya es hora de afrontar.
Primero, la deforestación en las cuencas altas sigue siendo una herida abierta. En Quetzaltenango, segunda ciudad de Guatemala, las minas a cielo abierto depredan las montañas del Palajunoj y del Siete Orejas ante la mirada atónita de los ciudadanos, que no somos capaces ni de decir ni pío. A esto se suma la depredación de árboles provocada por monocultivos y actividades mineras, un problema que compartimos con Panamá.
Ciertamente, hay organizaciones panameñas como Natura que han avanzado en reforestación —en los últimos diez años se ha recuperado más cobertura boscosa de la que se pierde—, pero persisten problemas comunes. En Panamá, como en Guatemala, la urbanización desordenada, la ganadería extensiva y la presión poblacional siguen erosionando la capacidad de los bosques para regular el agua. Un bosque sano infiltra, retiene y libera agua en la estación seca; un terreno deforestado la deja escapar rápidamente, causando crecidas en invierno y escasez en verano.
Segundo, la gobernanza. Panamá cuenta con excelentes planes sobre el papel —el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, el Plan de Acción para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PAGIRH) y el reciente Plan Nacional contra la Sequía—, pero la coordinación entre la ACP, el Ministerio de Ambiente, las autoridades locales y las comunidades sigue siendo un desafío. El agua no entiende de fronteras institucionales; fluye por cuencas. Y cuando la gestión se fragmenta, el recurso sufre.
Pero el problema de Panamá no es la ausencia de una ley de agua, como señala Luis Credidio en su columna de La Prensa: “Panamá ya cuenta con un marco legal —aunque muchos puedan argumentar que es ineficiente— respecto a la conservación del recurso hídrico, canalizado a través de instituciones como el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Esto significa que no existe un vacío legal, sino una incapacidad operativa para retener y distribuir el agua en todo el país”.
Tercero, el cambio climático ya no es una amenaza futura: es la nueva normalidad. Modelos científicos indican que las sequías como la de 2023-2024 serán más frecuentes e intensas. Si no se mejora el sistema de manejo del agua —con nuevos reservorios, tecnologías de ahorro en las esclusas y, sobre todo, una cultura ciudadana del agua—, el costo económico, social y ambiental será cada vez mayor.
Pero Panamá también nos ofrece lecciones valiosas para toda Centroamérica. La primera es que ninguna gran obra de ingeniería es sostenible si no se entiende y se cuida la naturaleza social del ciclo del agua. Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua compartimos la misma realidad: nuestras cuencas son el verdadero “canal” de la región. Si las descuidamos, ninguna represa, ningún acueducto, ningún tratado de libre comercio ni ninguna ley de aguas nos salvará de la escasez.
En la próxima entrega analizaré las lecciones que el manejo del agua en Panamá tiene para Guatemala y Centroamérica.
El autor es ingeniero químico con especialización en matemática. Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad de San Carlos en Quetzaltenango.
