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Crónica de una ilegalidad tolerada

Crónica de una ilegalidad tolerada

En Panamá hay contratos que no envejecen… se pudren. El de Panama Ports Company nació entre aplausos oficiales, sospechas ciudadanas y oposición de varios sectores; creció entre informes incómodos y silencios convenientes, y hoy resulta que —¡sorpresa!— tenía vicios que medio país venía señalando desde hace años. Lo curioso no es que ahora lo declaren inconstitucional; lo verdaderamente fascinante es la súbita iluminación moral de quienes ayer lo defendían con PowerPoint, conferencias y micrófonos, y hoy lo condenan con la misma pasión, pero con distinto libreto.

Aquí no cambió el derecho; cambió el clima. Durante años, las advertencias jurídicas durmieron el sueño profundo de los expedientes que nadie quiere tocar cuando hay demasiados intereses respirando cerca. Pero ahora Panamá siente respiración extranjera en la nuca, y cuando el anaranjado carraspea, en el patio trasero más de uno deja de toser. Lo que antes era “seguridad jurídica para la inversión” hoy, mágicamente, se convirtió en “grave lesión al orden constitucional”. No evolucionó la doctrina: se ajustó la valentía.

Da la impresión de que la Constitución panameña tiene un interruptor geopolítico: se enciende cuando el costo internacional de mirar para otro lado supera el beneficio local. Porque, seamos serios, lo que la Corte vio hoy no apareció anoche como un folio mágico. Eso estaba ahí, escrito, denunciado, discutido… pero cuando el poder económico pesa más que el papel, la tinta se vuelve invisible.

Aquí es donde ocurre el milagro: bajo la lupa de los “socios estratégicos”, la institucionalidad recupera la vista, la memoria y hasta la dignidad. No porque de pronto odiemos la corrupción, sino porque ahora sale más caro quererla. Panamá no se volvió virtuoso de repente; simplemente recordó que hay momentos en los que es mejor ver los toros desde la barrera.

Al final, no estamos viendo el despertar de la justicia, sino el ajuste del instinto de supervivencia del poder. Y eso, aunque produzca decisiones correctas, deja una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿defendemos la Constitución por convicción… o por supervisión internacional?

Panamá —histórica, estratégica y económicamente— nunca ha orbitado lejos de la esfera estadounidense, y fingir lo contrario sería más discurso que realidad. Así que, más que un acto de rebeldía jurídica, lo que vimos fue un ejercicio de supervivencia diplomática bien calculado: hacer lo que constitucionalmente debía hacerse, pero esperando el momento en que geopolíticamente convenía hacerlo. No es la épica de la soberanía absoluta, pero sí la destreza de quien entiende que, cuando se es punto de conexión entre potencias, un buen juego de cintura también es herramienta de Estado.

El autor es abogado.

Nota: Este artículo fue actualizado a las 9:30 a.m. del domingo 1 de febrero de 2026 para atribuir correctamente la autoría.


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