El pasado junio se cumplieron 30 años de la gesta de la cruzada civilista y del fatídico Viernes Negro que tanto dolor le causó a los panameños.
Hoy, como ayer, recuerdo las denuncias del teniente coronel Roberto Díaz Herrera y el inusitado revuelo que provocó en la sociedad panameña. Las declaraciones de Díaz Herrera de hace treinta años no difieren mucho de lo acontecido durante la presidencia de Ricardo Martinelli, los Panamá Papers y el escándalo de Odebrecht sobre las coimas de esa compañía para asegurarse multimillonarios contratos en Panamá como en otros países del continente.
Así como Díaz Herrera reveló los secretos de la dictadura militar, hoy funcionarios públicos y empresarios corruptos ponen en evidencia la gigantesca corrupción que azota en la actualidad a nuestra nación.
Las circunstancias de hoy, ante el alto nivel de corrupción, obligan a la organización de un movimiento ciudadano en “pro del adecentamiento del país”. El tiempo de las rectificaciones exige que la ciudadanía se manifieste en las calles, plazas y universidades con un grito unánime de un alto inmediato a la corrupción que tanto afecta a nuestras instituciones. La protesta pública requiere la concientización colectiva y una educación de calidad, especialmente, de la juventud que nació después del final de la dictadura en 1989.
El deterioro moral agravado durante la dictadura de Noriega demanda una mayor orientación de nuestros jóvenes, de manera que nunca más en Panamá nos veamos sumidos en una encrucijada tan tenebrosa y peligrosa, la cual puso en peligro los cimientos de la república.
La crisis existencial que asedia a la sociedad panameña ante la pérdida de los valores éticos por el acoso de la corrupción, además de la falta de institucionalidad, la impunidad y ausencia de castigo nos conducen a una trágica situación como la que vivimos hace 30 años. Por tanto, es imperativo desarrollar los correctivos necesarios para que Panamá avance con pasos firmes a hacer los cambios que al país le urgen.
La ciudadanía demanda el nombramiento de magistrados honestos y con credibilidad en la Corte Suprema de Justicia, así como en el resto del poder judicial. Aunque para algunos es una utopía, para muchos es el principio del adecentamiento del orden jurídico y el inicio de los cambios indispensables de los diferentes órganos del Estado.
Urge una reforma constitucional que prohíba la reelección de los diputados por más de dos períodos legislativos. La prohibición de participar en política o de ocupar cargo público, a cualquier ciudadano que haya sido imputado y condenado por actos de corrupción pública como privada, así como la prohibición de participar en licitaciones publicas a las empresas que hayan sido imputadas por actos de corrupción dentro y fuera del país. La eliminación de cualquier partida discrecional otorgada a los diputados, sobre todo las que no tengan una justificación valedera. La eliminación de las partidas discrecionales que se le asignan al presidente, con las excepciones de aquellas relacionadas a desastres naturales o de fuerza mayor. Estas son algunas de las reformas que considero prioritarias.
De igual manera, el sistema educativo debe empezar a enseñar la historia de Panamá y la cívica desde la primaria y secundaria. La juventud panameña debe conocer los errores y aciertos que han afectado el devenir nacional. Se debe también incentivar la participación de los estudiantes en las actividades cívicas y ciudadanas. Así como se hizo hace 30 años con la militancia ciudadana en la cruzada civilista.
Tengo fe en la sabiduría y discernimiento del pueblo panameño para promover los cambios necesarios que erradiquen la corrupción e impunidad que nos agobia.
El mejor legado a nuestros hijos y nietos es dejarle un mejor país donde prevalezca el civismo, la honestidad, el respeto, el amor al prójimo, y sobre todo la fe en la justicia divina.
El autor es empresario