Luego de la publicación del fallo que declaró inconstitucional el contrato-ley entre la República de Panamá y Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal en la Gaceta Oficial, el lunes 23 de febrero del año en curso, el Gobierno ha tomado una serie de medidas transitorias para asegurar que los puertos continúen operando mientras se decide si es el Estado quien los administrará directamente o si se otorgarán nuevas concesiones portuarias.
A todo esto, la empresa hongkonesa Hutchison Ports, propietaria de Panama Ports Company, en un tono altanero, soberbio y desafiante, propio de una actitud de chantaje y extorsión, emitió una serie de comunicados en los que reclama que el fallo supuestamente es “incompatible con el marco jurídico pertinente” y que “carece de fundamento jurídico”, y amenazó con activar arbitrajes internacionales, utilizando el mismo modus operandi que Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, cuando en dos ocasiones se declaró inconstitucional su concesión minera. ¿Con qué derecho estas empresas transnacionales cuestionan los fallos del máximo tribunal judicial panameño?
Estas actitudes no deben tolerarse bajo ningún concepto, aun cuando estas empresas estén en su derecho de activar los mecanismos arbitrales para proteger sus inversiones. Corresponderá al Gobierno defender los mejores intereses del Estado ante los tribunales arbitrales y no seguir permitiendo que intereses foráneos socaven la voluntad del pueblo panameño de decidir cómo aprovechar los recursos en beneficio de la Nación.
Lo que me parece inconcebible es la ambivalencia del Gobierno frente a ambas empresas. Por un lado, reprende con vehemencia a Panama Ports Company y acata el fallo que declara inconstitucional su contrato-ley, ocupando inmediatamente los puertos; pero no hace lo mismo con Minera Panamá, porque no solamente no ha ocupado todavía los terrenos donde está su mina, sino que aún mantiene conversaciones para decidir si reabre la mina o no, llegando incluso a permitirle vender el concentrado de los minerales que extrajo ilegalmente, en abierta impunidad, sin pagarle al Estado la totalidad del valor de ese concentrado. ¿Cómo pretende el Gobierno atraer inversión extranjera y brindarle seguridad jurídica a esa inversión actuando de esta forma?
La Autoridad Marítima de Panamá debe rendir cuentas al país sobre cuál es el plan de transición en la gestión de los puertos de Balboa y Cristóbal. En ese sentido, la Asamblea Nacional, que es, en teoría, el órgano representativo del pueblo, se ha negado a citar al administrador de esa entidad, incumpliendo sus funciones constitucionales de órgano fiscalizador de la Administración Pública.
No cabe la menor duda de que, durante todos estos años, los gobiernos de turno utilizaron la Constitución y la ley como papel de baño, y lo más triste es que ninguno de los involucrados en la negociación y aprobación de esos contratos-ley leoninos ha sido procesado penalmente por extralimitarse en sus funciones al negociar concesiones abiertamente violatorias de la Constitución Política, en parte porque aún no existen disposiciones penales que sancionen la violación deliberada de la Constitución.
Por esta y muchas otras razones, es que debemos dotarnos de una nueva Constitución, emanada de un proceso constituyente realmente participativo, que proteja a la Nación del abuso de poder, introduciendo mecanismos vinculantes de participación ciudadana a la hora de no solamente otorgar concesiones que impliquen la explotación de recursos, sino también en el proceso de toma de decisiones que provengan de las autoridades constituidas, evitando de esta forma que el chantaje y la extorsión se conviertan en la regla que rija las actuaciones no solo del Gobierno, sino también de las empresas transnacionales. ¡Dios bendiga a la patria!
El autor es especialista en mercadeo y comercio internacional.
