El Derecho no es, ni puede ser, una herramienta neutral para gestionar contratos o resolver disputas privadas. El abogado es, por definición constitucional y por vocación histórica, el custodio del orden democrático. Su función más elevada no reside en los tribunales civiles ni en las notarías: reside en la defensa activa del equilibrio de poderes, en la garantía irrenunciable de los derechos fundamentales, en la transparencia del Estado y en el acceso a la justicia para quienes menos tienen. Esa es la diferencia entre un técnico jurídico y un jurista. Panamá necesita urgentemente más de los segundos.
Recuperar esa misión exige reformas concretas e impostergables. Las universidades panameñas deben asumir, de una vez por todas, que la carrera de Derecho exige una reforma curricular sin concesiones: filosofía del derecho, derecho constitucional comparado, argumentación jurídica, ética profesional y clínicas de litigio tienen que ser columna vertebral, no adornos opcionales. El Estado y el Órgano Judicial, por su parte, deben robustecer los mecanismos de habilitación profesional. Y la sociedad civil y los colegios profesionales tienen una deuda pendiente: elevar los estándares deontológicos y hacer que el ejercicio irresponsable o corrupto de la abogacía tenga un costo real, público y reputacional.
Pero ninguna reforma curricular, ningún examen más exigente, ninguna sanción disciplinaria será suficiente si los más capaces siguen eligiendo otro camino. La democracia no es un sistema que se administra solo: requiere de personas que la defiendan con convicción y con las herramientas precisas. Esas herramientas son jurídicas. Por eso Panamá necesita, con urgencia real, que sus mentes más brillantes quieran ser abogados: no por herencia familiar ni por cálculo político, sino porque han entendido que renunciar al Derecho es, en el fondo, renunciar a la república. Cada generación de juristas mediocres que toleramos es una generación de instituciones más frágiles. Y una democracia que pierde a sus mejores abogados no los pierde a ellos: se pierde a sí misma.
¿Cómo llegamos hasta aquí? Panamá enfrenta una paradoja preocupante: mientras más abogados produce, menos respeto institucional parece tener el Estado de Derecho. No es una coincidencia. Es el resultado de décadas de deterioro silencioso en la formación jurídica, un proceso que ha convertido una de las carreras más nobles e influyentes del sistema democrático en una opción accesible para cualquiera, exigente para pocos y transformadora para casi nadie.
El problema comienza en las aulas. El pénsum académico de las facultades de Derecho en Panamá ha experimentado una involución sistemática. Cursos que antes exigían rigor analítico, dominio del razonamiento lógico-jurídico y lectura intensiva de doctrina y jurisprudencia han sido reemplazados, en muchos casos, por contenidos superficiales, metodologías memorísticas y una proliferación de carreras aceleradas que ofrecen el título sin la formación que este debería representar. El resultado es una generación de egresados que conocen los artículos, pero no entienden el espíritu de la ley.
Cuando esa misión se diluye, cuando los mejores jóvenes prefieren la ingeniería, la medicina o los negocios porque perciben que el Derecho ha perdido prestigio y exigencia, el sistema completo se empobrece. No porque la abogacía sea superior a otras profesiones, sino porque, sin juristas de alto calibre comprometidos con la institucionalidad, las democracias se vuelven vulnerables. Las leyes las escriben abogados. Las interpretan jueces que fueron abogados. Las defienden o atacan fiscales y litigantes que pasaron por las mismas aulas que hoy producen egresados con una formación deficiente.
El deterioro de la abogacía en Panamá no es un accidente administrativo. Es el síntoma de una sociedad que dejó de exigirle a quienes debían custodiar sus instituciones. Y los síntomas ignorados se convierten en enfermedades crónicas. Mientras el título valga más que la formación, mientras el oportunismo rinda más que la integridad, y mientras los mejores sigan eligiendo otro camino, el Estado seguirá debilitándose —no por asalto, sino por abandono—. Panamá no perderá su democracia de golpe. La perderá en silencio, párrafo a párrafo, sentencia a sentencia, en cada aula de Derecho que forma técnicos donde debía forjar guardianes de nuestra institucionalidad democrática y defensores del ejercicio ético del derecho.
La autora es abogada y ciudadana.
