Hay un momento revelador en cada crisis que Panamá se niega a aprender. No es el instante de la explosión, ni la imagen del humo cubriendo el Puente de las Américas el 6 de abril, ni el parte con el recuento de un fallecido y dos heridos. El momento revelador llega después, cuando las autoridades comparecen ante la prensa y, casi sin proponérselo, señalan lo que todos debían haber sabido antes. El director de la Autoridad Marítima de Panamá informó que el recinto portuario de Panama Oil Terminals (POTSA) era una concesión con reclamos por deuda, y que, desde julio de 2024, surgían cuestionamientos referidos a temas de seguridad en ese recinto. Julio de 2024. Veinte meses de señales no atendidas. Y entonces algo explota.
Esa es la tragedia estructural de Panamá: no la ausencia de leyes, sino la distancia crónica entre las leyes y su aplicación. No la falta de instituciones, sino que se activan solo cuando el daño ya está hecho. La Fiscalía inició una investigación de oficio para determinar las causas del incidente y establecer posibles responsabilidades. Bien. Pero la pregunta filosófica más incómoda no es quién causó la explosión, sino quién tenía la obligación de evitarla, y por qué no lo hizo.
No se trata de un caso aislado. Panamá carga con una historia de concesiones que terminaron mal — no por mala suerte, sino por omisión sistemática. El patrón se repite sin importar el sector ni el gobierno.
Hablemos de Cerro Patacón. En 2008, el Estado otorgó a Urbalia Panamá una concesión por 15 años para el manejo del relleno sanitario. La empresa acumuló más de un millón de dólares en multas por incumplimiento ambiental. La concesión abarcaba 132 hectáreas. La contaminación impactó unas 10 mil hectáreas a su alrededor, incluyendo el Parque Nacional Camino de Cruces. Una investigación del Ministerio Público determinó que podría generar varios tipos de cáncer. Tras una docena de inspecciones en un periodo de cinco años, los procesos en MiAmbiente permanecían en espera de resolución. Cinco años. Y el vertedero siguió operando.
En Donoso, el guión fue idéntico pero a mayor escala. Antes fue Petaquilla Gold, que violó más de veinte leyes panameñas desde antes de operar. Al cesar actividades en 2014, dejaron aguas contaminadas de cianuro y metales pesados, edificios a punto de colapsar y envases de químicos esparcidos. El Estado asumió trabajos de emergencia millonarios ante el riesgo de desbordamiento de las tinas de relave. La factura la pagó el país.
Luego llegó Cobre Panamá. Una investigación periodística basada en 29 informes de inspección de MiAmbiente, obtenidos por Ley de Transparencia, documentó que antes de extraer una sola tonelada de cobre en 2019, desde 2014 los inspectores ya habían encontrado 161 violaciones al estudio de impacto ambiental. En total, la operación violó obligaciones ambientales 232 veces en diez años, con daños a bosques, especies y fuentes de agua. Doscientas treinta y dos veces. El Estado lo sabía. No pasó nada.
Lo que une a a POTSA a Urbalia, a Petaquilla Gold y a Cobre Panamá no es la mala gestión de los concesionarios. Es algo más profundo: la rendición progresiva del rol de supervisión del Estado por la inercia. La concesión se otorga con entusiasmo, se vigila con tibieza y se defiende con silencio. Hasta que algo explota y aparece en una conferencia de prensa, tolerancia cero. Ese es el ciclo. Y, tristemente, hay víctimas reales: un trabajador calcinado bajo un puente, comunidades que beben agua contaminada en Donoso, un parque nacional envenenado a las puertas de la capital.
Una sociedad que solo fiscaliza en crisis no es una sociedad que gobierna. Es una sociedad que improvisa. Y la diferencia entre gobernar e improvisar no se mide en discursos ni en decretos. Se miden en acciones oportunas e imparciales e institucionalidad comprobada, no cuando ya hay humo cubriendo el cielo, a las puertas de nuestro activo más importante o cuando se afecta un puente emblemático que une a las Américas.
La autora es presidenta de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá.
