Desde la bancada independiente Vamos hemos levantado la voz y puesto el cuerpo para impulsar decenas de iniciativas que buscan desmontar el sistema corrupto que ha secuestrado al Estado panameño. No hablamos de consignas ni de discursos vacíos, sino de proyectos de ley concretos que, de aprobarse, transformarían las instituciones y devolverían al pueblo lo que le pertenece.
Entre ellas está la llamada Ley “Antibotellas”, para eliminar los nombramientos clientelistas; la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, para que los corruptos no puedan esconderse tras el reloj de la impunidad; y la eliminación de la prueba idónea, tantas veces usada como excusa para dejar libres a diputados que han hecho gala de su inmunidad para delinquir.
También hemos propuesto la reforma al Reglamento Interno de la Asamblea, porque ningún cambio profundo es posible mientras esta institución continúe siendo un espejo roto de lo que debería reflejar la democracia. La Asamblea tendría que ser la casa donde se honra la confianza del pueblo, el lugar donde se enseña con el ejemplo que la política es servicio y no negocio.
Nuestras propuestas abarcan todos los rincones de la gestión pública: la reestructuración en el otorgamiento de viáticos estatales, la modernización de la Carrera Diplomática y de la Carrera Administrativa para profesionalizar el servicio público y blindarlo contra el clientelismo. En esa misma línea, planteamos la reforma del régimen notarial, con el fin de cerrar una de las puertas más utilizadas para el reparto político y garantizar que el mérito sustituya al amiguismo.
Hemos impulsado, además, la protección a los denunciantes de corrupción, la transparencia en la transición de las juntas comunales y la declaración jurada de conflicto de intereses y bienes patrimoniales, pilares básicos de una democracia que no se construye con pactos de élites, sino a la vista de todos y sin nada que esconder.
Incluso hemos presentado iniciativas duras contra los responsables de corromper al país: que las empresas corruptas no puedan volver a contratar con el Estado; que se prohíba el uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios; y que se eviten aumentos salariales hechos a la medida de magistrados de la Corte Suprema. Estas no son propuestas simbólicas, sino mecanismos concretos para cerrar la llave por donde se fuga la riqueza nacional y devolver al panameño de a pie lo que durante décadas le han arrebatado.
Pero no nos engañemos: cada uno de estos proyectos enfrenta un muro de resistencia. El status quo —los mismos que han convertido al Estado en su caja registradora personal— bloquea, archiva y sabotea cualquier intento de cambio. Lo hacen porque saben que, si estas reformas avanzan, pierden el poder de manipular presupuestos, repartirse notarías y consulados como botín político, y blindar privilegios con leyes hechas a su medida. En resumen: perderían el país que han tomado como feudo privado.
Aun así, no nos rendimos. Sabemos que esta lucha no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Somos conscientes de que cambiar una cultura política de clientelismo, corrupción e impunidad no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso.
Este no es un combate entre grupos políticos: es una confrontación entre dos visiones de país. De un lado, quienes han reducido al Estado a su botín personal. Del otro, quienes creemos en un Panamá donde la justicia, la transparencia y el mérito sean la norma, no la excepción.
Nuestra tarea es continuar sembrando, fiscalizando y proponiendo. Porque, aunque hoy las resistencias parezcan invencibles, la presión ciudadana y el despertar de un país cansado de abusos terminarán por inclinar la balanza. La corrupción ha sido fuerte, sí, pero la dignidad de los panameños es más fuerte aún.
La pelea está en marcha y no la vamos a abandonar. No porque sea fácil, sino porque es necesaria. Porque el Panamá decente, tarde o temprano, va a prevalecer.
El autor es diputado independiente por el circuito 8-4 (2024-2029).
