Resulta contradictorio que el lema de campaña que llevó al poder al actual Gobierno —“más chen chen en tu bolsillo”—, respaldado por el pueblo panameño, contraste hoy con una realidad marcada por ineficiencia institucional y ausencia de una estrategia fiscal coherente.
La Dirección General de Ingresos (DGI), entidad encargada de la recaudación tributaria y ubicada en la antigua Avenida Balboa, se encuentra actualmente cerrada debido a un incidente en la reparación de los ascensores. Este hecho, que en cualquier administración eficiente sería resuelto con celeridad, evidencia fallas estructurales en la gestión pública. A ello se suma la falta de estacionamientos, un reciente robo a mano armada y un entorno operativo que desincentiva el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
Desde una perspectiva técnica, la política tributaria no puede sostenerse únicamente en la coerción o en discursos simplistas. La ausencia de medidas como moratorias inteligentes, planes de regularización e incentivos al cumplimiento revela una desconexión entre la autoridad fiscal y la realidad económica de los contribuyentes. El mensaje implícito parece reducirse a una falsa dicotomía: “la mina o nada”, ignorando la necesidad de diversificar fuentes de ingreso y fortalecer la base tributaria mediante confianza y eficiencia.
La gobernabilidad fiscal exige mucho más que recaudar: requiere planificación, previsión y ejecución. Hoy, en cambio, se observa una administración reactiva, con largas filas, sistemas deficientes y personal insuficientemente capacitado. Esto no solo afecta la recaudación, sino que erosiona la legitimidad del Estado frente al ciudadano.
Enfrentamos un problema de liquidez que demanda soluciones estructurales. Como bien resume la lógica económica: “los problemas de chen chen se resuelven con chen chen”. Entre 2019 y 2024, la economía panameña perdió aproximadamente $4,665 millones en recursos privados, incluyendo cerca de $900 millones anuales derivados de la contracción de la actividad minera. Pretender cerrar esa brecha sin una política fiscal integral, moderna y basada en incentivos es, sencillamente, inviable.
Gobernar implica anticiparse, no improvisar. La crisis actual de la DGI no es un hecho aislado: es el reflejo de un modelo de gestión agotado que requiere, con urgencia, reformas técnicas profundas y liderazgo político real.
El autor es abogado.
