Cuando se habla de burocracia excesiva, la conversación suele conducir a la corrupción. Se afirma que los trámites largos y complejos, así como los requisitos innecesarios, crean el escenario perfecto para los sobornos. No pretendo negar esa realidad, pero quiero enfocarme en otro aspecto que, a mi juicio, resulta aún más importante: el ciudadano honesto que no está dispuesto a pagar, pedir ni aceptar un soborno; aquel que entiende que la corrupción sigue siendo corrupción, aunque se presente como “la única forma” de conseguir que un trámite o procedimiento avance.
¿Qué ocurre con esos ciudadanos? Algunos continúan el trámite, pero lo hacen después de invertir tiempo, dinero y paciencia en descubrir requisitos dispersos en distintas páginas, normas modificadas y oficinas que ofrecen respuestas diferentes. Otros desisten. Algunos permanecen en la informalidad, no necesariamente porque quieran incumplir la ley, sino porque el costo de ingresar al sistema resulta desproporcionado frente al tamaño y al retorno económico de la actividad que desean regularizar.
Pensemos en quien elabora, desde su casa, una crema, un jabón o un alimento para venderlo en pequeña escala. Es razonable que el Estado verifique que no se utilicen sustancias tóxicas, que existan condiciones mínimas de higiene y que el consumidor sepa qué está comprando mediante un etiquetado adecuado. Esos controles tienen una finalidad legítima. El problema comienza cuando los requisitos indispensables quedan enterrados bajo certificaciones, formularios, renovaciones y otros trámites cuya relación con el riesgo que se pretende evitar no siempre resulta evidente.
La consecuencia puede ser, incluso, exactamente contraria al objetivo de la regulación. La persona que no puede asumir el procedimiento no necesariamente deja de producir, sino que se resigna a permanecer en la informalidad. El Estado conserva la norma, pero pierde la posibilidad de supervisar el producto. En teoría, protege al consumidor; en la práctica, empuja la actividad hacia un espacio donde el control es todavía menor.
No se trata de proponer un país sin controles ni de adoptar como política el “dejar hacer, dejar pasar”. Lo que debe discutirse es para qué se regula y si cada requisito responde, como mínimo, a estas preguntas: ¿qué riesgo evita?, ¿qué derecho protege? o ¿qué información indispensable aporta?
Incluso si eliminar ciertas regulaciones resulta demasiado traumático, existe un punto de partida más modesto: hacer que cumplirlas sea comprensible. La digitalización no consiste en colocar un formulario en internet y mantener intacta la peregrinación entre instituciones. Debe permitir conocer, en un solo lugar, la norma vigente, los requisitos, el costo, el plazo de respuesta y la autoridad responsable.
También exige que el Estado intercambie la información que ya posee. Solicitar documentos emitidos por otra institución, cuando pueden verificarse internamente, solo traslada al ciudadano el costo de la desconexión estatal.
El aviso de operación ilustra bien esta contradicción. Su apertura puede realizarse de forma digital y producir efectos ante otras autoridades. Sin embargo, en el distrito de Panamá, su cancelación no sustituye el procedimiento de cierre ante el municipio. Entrar al sistema puede tomar minutos; salir exige conocer otra ruta y completar gestiones adicionales. Una administración integrada debería permitir cancelar el aviso, consultar lo adeudado, pagar en línea y comunicar el cierre dentro de un mismo procedimiento.
Debemos ver los trámites y las regulaciones como instrumentos, no como fines en sí mismos. Nadie realiza un trámite gubernamental por entretenimiento; las personas recurren al Estado porque necesitan trabajar o formalizar un negocio. Bajo esa premisa, la función pública no debería consistir en poner a prueba su resistencia, sino en facilitar un cumplimiento serio, proporcional y verificable.
Los sobornos permiten que algunos compren una salida, pero existe un daño menos visible: el que recae sobre quienes se niegan a hacerlo. Cuando cumplir la ley exige contactos, costos desproporcionados o una paciencia extraordinaria, la honestidad comienza a convertirse en una desventaja competitiva.
Un Estado que realmente quiera combatir la informalidad y recuperar la confianza ciudadana debe comenzar por revisar si sus procedimientos ayudan a cumplir la ley o simplemente castigan a quienes todavía intentan hacerlo bien.
La autora es miembro de la Fundación Libertad.
