Esta semana, mientras estaba de vacaciones con mi familia, recibí un mensaje de WhatsApp de la mamá de Juana, una bebé de dos meses a quien ese mismo día le había aplicado las vacunas que le correspondían según el calendario nacional. Junto al mensaje, me compartió una noticia que me hizo cerrar los ojos y respirar hondo, como cuando Clara me pregunta por qué existe tanta maldad en el mundo. Esta vez la pregunta me la hacía yo misma: ¿cómo es posible que, en pleno 2026, un gobierno decida recomendar menos vacunas para los niños, justo cuando el sarampión alcanza en Estados Unidos su nivel más alto en 35 años?
Se los confieso: escribo esta columna con hartazgo. Llevamos décadas, generaciones enteras de pediatras, investigadores, enfermeras y otros profesionales de la salud, sosteniendo con evidencia, con estudios, con noches de guardia y con vidas salvadas que las vacunas funcionan. Y, de pronto, una firma en un documento oficial pone en duda ese trabajo, no porque haya nueva evidencia científica, sino porque resulta políticamente, y seguramente económicamente, conveniente sembrar dudas.
La Academia Americana de Pediatría fue clara: no existe evidencia nueva que justifique cambios en el esquema de inmunización infantil de Estados Unidos. Docenas de estudios, con millones de personas, siguen mostrando que no hay relación entre las vacunas y el autismo. Sin embargo, la nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos recomienda proteger a los niños de solo 11 enfermedades, cuando antes eran 18. Además, sugiere aplicar las vacunas por separado, en visitas médicas distintas, “en la medida de lo posible”, algo que los propios expertos calificaron de inviable y peligroso, sobre todo porque las versiones individuales de la vacuna triple viral ni siquiera se producen en ese país desde 2009.
Lo que más me indigna, como mamá y como pediatra, es saber que detrás de estas decisiones no siempre hay ciencia, sino intereses. Son abogados, no clínicos ni epidemiólogos, quienes terminan decidiendo qué tan protegidos van a estar millones de niños. Y así, sin mucho ruido, el criterio médico termina perdiendo frente al carisma y la salud pública frente a lo que le conviene a alguien más.
Sé que esto ocurre en otro país. Pero no somos una isla. Las decisiones que se toman en Estados Unidos influyen en la información que circula en nuestras redes, en las dudas que traen los padres a nuestros consultorios, en los mensajes de voz que circulan en los grupos familiares de WhatsApp. Ya lo he visto: una mamá que antes confiaba plenamente en el esquema de vacunación hoy me pregunta si “de verdad son necesarias todas”.
Y aquí quiero ser honesta con ustedes: entiendo la duda. Ser padres hoy es difícil, y la sobreinformación —muchas veces desinformación— asusta. Pero mi compromiso, como siempre, es acompañarlos con la verdad, aunque a veces me canse de repetirla.
Las vacunas no son perfectas; ninguna intervención médica lo es, pero son de las herramientas más estudiadas y más seguras que tiene la medicina moderna. Llevamos más de setenta años viendo cómo evitan muertes, secuelas, hospitalizaciones y también quiebras familiares por gastos médicos que nadie debería tener que enfrentar. Esto no me lo estoy inventando; esto es lo que muestra la evidencia una y otra vez.
Por eso, aunque hoy escriba con frustración, no voy a dejar de insistir: confíen en sus pediatras, en las sociedades científicas, en la evidencia construida con rigor y no en el miedo disfrazado de libertad de elección. En Panamá seguimos contando con un esquema de vacunación sólido, respaldado por la Sociedad Panameña de Pediatría y por profesionales que seguimos, día a día, defendiendo la salud de nuestros niños con datos, no con consignas.
Ojalá que este vaivén político en otro país nos sirva de recordatorio, no de excusa. Que cada vez que alguien intente sembrar duda donde hay ciencia, respondamos con información, con paciencia y con la misma pasión con la que protegemos a nuestros propios hijos. Porque, al final, no se trata de política: se trata de vidas.
La autora es pediatra.
