El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá declaró la inconstitucionalidad del contrato de concesión celebrado entre el Estado panameño y la sociedad Panama Ports Company (PPC), responsable de la operación de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, ubicadas en las áreas adyacentes a los accesos del Canal de Panamá. La decisión, adoptada mediante un fallo fechado el 29 de enero de 2026, se fundamentó en el análisis y resolución de dos acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra las disposiciones legales que sirvieron de soporte jurídico a dicha concesión de largo plazo.
Estos puertos son nodos clave de la logística global, ya que conectan el tránsito marítimo que pasa por el Canal con el comercio internacional de contenedores y carga general. La operación de estas terminales tiene implicaciones directas e indirectas sobre el crecimiento económico, el empleo, los ingresos fiscales y la posición estratégica de Panamá como centro logístico mundial.
Al declarar inconstitucional el contrato y las leyes que lo sustentaban, la Corte Suprema anula la base legal que permitió a PPC gestionar estas terminales por casi tres décadas. Esto no significa un “cierre” inmediato de operaciones, pero sí obliga al Estado a replantear cómo se administra y se contrata la operación de estas infraestructuras.
Efectos económicos inmediatos
En el corto plazo, el Gobierno panameño ha buscado minimizar riesgos de interrupción operativa. El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha asegurado que las operaciones portuarias continuarán sin interrupciones ni despidos, y que se establecerá un período de transición para garantizar la continuidad del servicio, incluso con apoyo de operadores temporales como APM Terminals (A.P. Møller-Maersk).
Sin embargo, esta transición no elimina la incertidumbre económica:
Inversionistas internacionales observan con atención el impacto en la seguridad jurídica del país. Que un contrato histórico sea anulado por razones constitucionales puede generar dudas sobre la estabilidad del entorno legal para futuros acuerdos.
El mercado de capitales ha reaccionado con volatilidad: acciones vinculadas al operador original (CK Hutchison) experimentaron caídas en las bolsas de Hong Kong tras conocerse la decisión.
Impacto fiscal y de competitividad
El contrato de PPC había sido objeto de auditorías que señalaron irregularidades y pérdidas de ingresos para el Estado, estimadas en cientos de millones de dólares desde la extensión otorgada en 2021. Aunque estos cálculos varían según la fuente, el argumento central para impugnar el contrato fue que la falta de un proceso de licitación pública y ciertas obligaciones fiscales desbalanceadas afectaron el interés económico nacional.
Replantear la concesión puede permitir al Estado negociar mejores términos fiscales y operativos, aumentando los ingresos a mediano y largo plazo. Esto incluiría nuevos procesos de licitación con competencia abierta, un mayor control sobre tarifas y una revisión de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Geopolítica y relaciones internacionales
Aunque este es un tema esencialmente económico y jurídico, la decisión tiene también una dimensión geopolítica. La prolongada gestión de los puertos por parte de una empresa con vínculos en Asia generó debates sobre la influencia extranjera en uno de los activos más estratégicos de Panamá. Este fallo ha sido celebrado por actores que promueven una mayor diversificación de socios comerciales y una menor dependencia de ciertos capitales externos.
Con este pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia establece un precedente jurídico de alto impacto, al reafirmar la supremacía constitucional frente a contratos y normas aprobadas al margen de los principios de legalidad y debido proceso. Desde la perspectiva económica, la decisión configura un punto de inflexión institucional que abre la posibilidad de reordenar, modernizar y fortalecer la administración de activos estratégicos del Estado, siempre que dicho proceso se conduzca con criterios de planificación, seguridad jurídica y coordinación efectiva entre el sector público y el privado.
La autora es abogada.
