Resumen forense de la trama de tres escándalos de corrupción en Costa Rica que impactaron profundamente su institucionalidad.
El caso Cochinilla llevó al OIJ (Organismo de Investigación Judicial), policía judicial del Ministerio Público, al allanamiento de la Casa Presidencial de Costa Rica. Fue denominado así por su similitud con una plaga difícil de detectar y erradicar, que consume la savia de las plantas hasta matarlas, simbolizando cómo la corrupción agota los recursos públicos. Este escándalo, revelado en 2021 durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018–2022), expuso la existencia de una red de más de 70 personas vinculadas a delitos como peculado, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, asociación ilícita para delinquir y estafa.
Las autoridades estimaron una malversación de más de 126 millones de dólares, mediante el desvío de recursos destinados a obras de infraestructura vial hacia proyectos de empresas favorecidas. Los sobornos incluyeron dinero en efectivo, terrenos, automóviles, favores sexuales, fiestas navideñas y almuerzos de lujo, entre otros beneficios.
El caso aún no ha concluido. Permanece en etapa de investigación y acusación. La fiscalía ha imputado a 12 personas; algunos implicados cumplieron prisión preventiva y luego arresto domiciliario, quedando posteriormente en libertad con medidas cautelares.
El caso Diamante, también originado durante el mismo periodo presidencial, surge de investigaciones sobre corrupción en infraestructura municipal. Involucra a seis alcaldes y empresas constructoras en el pago de sobornos para la adjudicación de contratos. Su nombre responde a la idea de que la probidad de un funcionario público debe ser como un diamante: transparente, luminosa, clara, resistente y libre de impurezas.
Las investigaciones destaparon presuntos sobornos y manejo irregular de más de 12 millones de dólares en el Consejo Nacional de Vialidad, con participación de grandes constructoras y funcionarios públicos. El caso se centró en el favorecimiento ilícito en licitaciones a cambio de pagos en efectivo, mejoras en propiedades personales y adquisición de vehículos.
El proceso sufrió un serio revés debido a la anulación de intervenciones telefónicas y a errores en la calificación de crimen organizado, lo que debilitó significativamente la acusación. Dos resoluciones judiciales emitidas con la misma fecha y hora, pero con contenido contradictorio, resultaron determinantes en ese debilitamiento.
Actualmente, el caso no tiene una conclusión definitiva y la Fiscalía Anticorrupción espera el fallo del Tribunal Penal sobre una apelación para recuperar pruebas anuladas.
El Cementazo fue catalogado como un caso emblemático de tráfico de influencias. Ocurrió durante la presidencia de Luis Guillermo Solís (2014–2018) e involucró el otorgamiento irregular de un crédito de 45 millones de dólares por parte del Banco de Costa Rica al empresario Juan Carlos Bolaños para importar cemento chino. El caso salpicó a miembros del Ejecutivo, diputados, magistrados de la Corte Suprema, el fiscal general y altos directivos del banco.
El Banco de Costa Rica, entidad estatal, opera como banco comercial con una junta directiva designada por el Consejo de Gobierno. El escándalo se destapó tras la difusión de un audio por el medio digital CRHoy, en el que Bolaños proponía a un alto funcionario del banco alterar información sobre el secreto bancario para evitar el pago del préstamo, a cambio de una comisión.
Las investigaciones revelaron cambios regulatorios para facilitar el crédito, así como inconsistencias en el uso de más de 12 millones de dólares que el empresario no destinó a su propósito inicial.
El caso aún no cuenta con sentencia definitiva y permanece en proceso judicial, pendiente de resolución sobre estructuras societarias vinculadas al empresario.
El autor auditor forense, exveministro de la Presidencia y exsecretario general de la Contraloría.
