La Asamblea Nacional ha aprobado el proyecto de Ley No. 19, que extiende los horarios de atención en centros de salud del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social. Esta decisión ha sido presentada como un avance para mejorar el acceso, pero en realidad se trata de un error técnico, legal y económico que pone en riesgo la salud pública.
Legislando desde el desconocimiento
Resulta alarmante el nivel de desconocimiento técnico con el que se ha promovido esta ley. Escuchar a un diputado afirmar que “los ratones y las culebras no pican hasta las 3:00 de la tarde” como justificación legislativa no solo es irresponsable: es una burla a la ciencia, a la medicina y a la gestión sanitaria. Las emergencias no tienen horario, pero tampoco se resuelven abriendo instalaciones sin capacidad técnica ni resolutiva. La política pública no se construye con frases de sobremesa.
Atención primaria no es urgencia
Los centros de salud no son hospitales. Son espacios de atención primaria, diseñados para prevención y atención básica. No cuentan con infraestructura crítica, personal especializado, medicamentos de alta complejidad ni capacidad para resolver emergencias graves. Extender horarios no cambia su naturaleza. Solo crea una ilusión de cobertura que puede costar vidas.
La mentira de las picaduras de serpientes
Se ha utilizado el argumento de las picaduras de serpientes para justificar esta ley. La realidad es otra: en Panamá no se producen antivenenos. Todos son importados, costosos, de baja rotación, con alto riesgo de vencimiento y requieren estricta cadena de frío. Su manejo corresponde a hospitales de segundo y tercer nivel. Pretender lo contrario es desinformar deliberadamente a la población.
El impacto económico oculto
Esta ley implica aumento de planilla, mayores gastos en servicios básicos, seguridad, insumos y logística, además de duplicar funciones hospitalarias. Todo ello se financiará con recursos públicos en un sistema ya sobrecargado. Desde la gerencia sanitaria, esto viola el principio de eficiencia del gasto y evidencia una ausencia total de planificación.
Conclusión
Se equivocan quienes abanican este proyecto bajo la narrativa de “mejorar el acceso”. El Ejecutivo no debe sancionarlo. Mejorar el acceso sin capacidad resolutiva es engañar. Se crean falsas expectativas y se expone a la población a atención inadecuada y mayor riesgo sanitario.
El proyecto de Ley No. 19 no es una solución. Es un problema maquillado de buena intención. Cuando la ignorancia legisla, la salud pública pierde, el Estado gasta y la población paga. Este error aún puede corregirse.
El autor es especialista en gerencia de hospitales.
