Una sociedad que ofrece las condiciones esenciales para que las personas puedan prosperar cuenta con un Estado de derecho en el que impera la ley (rule of law). Para ello, la seguridad jurídica es imprescindible. Cuando esta falta, se abre la puerta a que los funcionarios tomen decisiones de manera subjetiva y arbitraria, imponiendo la voluntad del más poderoso o del mejor conectado.
La seguridad jurídica significa que las instituciones públicas deben actuar estrictamente conforme a la normativa legal, aplicando la legislación de manera objetiva e imparcial y guiándose por los parámetros de la sana crítica. Solo así, ciudadanos y emprendedores podrán tener la certeza y previsibilidad de cuáles serán las decisiones y la conducta de los funcionarios administrativos o judiciales ante cualquier trámite o proceso.
En muchas instituciones públicas se observan prácticas que violan las normas legales y generan un ambiente de inseguridad jurídica. Por ello, uno de los principios rectores del derecho público establece que el funcionario solo puede actuar dentro de lo que la ley le permite y autoriza de manera expresa. Para evitar arbitrariedades, es fundamental que las leyes sean claras y precisas, reduciendo así el margen para interpretaciones caprichosas.
En Panamá enfrentamos un problema sistémico que afecta a toda la administración pública. Es común que decretos ejecutivos y resoluciones administrativas impongan requisitos contrarios a lo que dicta la ley, desvirtuando tanto su letra como su espíritu. Estas acciones menoscaban la función exclusiva del Órgano Legislativo que, salvo contadas excepciones constitucionales, no debe delegar ni ceder sus facultades legislativas al Órgano Ejecutivo. Ante estas situaciones, los usuarios suelen resignarse, temiendo que oponerse a un funcionario ponga en riesgo la obtención del servicio que necesitan.
Algunas de estas conductas surgen por desconocimiento de las leyes. Sin embargo, en muchos casos buscan generar ingresos tributarios para financiar la maquinaria clientelista, creando requisitos que obligan a los usuarios a realizar trámites costosos en otras instituciones o notarías públicas. La mayoría de estos requisitos son innecesarios, ya que la información solicitada puede obtenerse mediante el intercambio entre las autoridades gubernamentales, lo que solo retrasa y encarece los trámites.
Además, el ciudadano se percibe desprotegido por el Órgano Judicial, la institución que debería garantizar sus derechos. La Corte Suprema de Justicia rara vez anula estas actuaciones administrativas debido, según el autor, a su falta de independencia frente a los otros poderes del Estado. Esto contrasta con la realidad de otros países, donde existen numerosas decisiones judiciales que corrigen este tipo de actos ilegales.
Por ejemplo, en España, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han anulado en diversas ocasiones actos administrativos que imponían requisitos no previstos en la ley o que vulneraban derechos fundamentales, protegiendo así a los ciudadanos frente a abusos de la administración. Este tipo de control judicial fortalece la seguridad jurídica y limita la discrecionalidad de los funcionarios públicos.
Incluso cuando los jueces dictan fallos ajustados a la ley en contra de la administración pública, muchas autoridades simplemente ignoran estas resoluciones sin enfrentar consecuencias. Además, dentro del propio sistema judicial, los jueces rara vez respetan la jurisprudencia existente. Con frecuencia, los tribunales inferiores se apartan de las decisiones de los tribunales superiores. Esto reduce la seguridad jurídica y la confianza que debería existir al mantenerse una misma línea de decisiones en casos semejantes.
Podríamos pensar que la tecnología resolvería estos problemas, pero la realidad es otra. Muchas plataformas institucionales solicitan información sin fundamento legal ni criterio racional, no se conectan con los sistemas de otras instituciones y aún exigen acudir físicamente a las oficinas públicas para dar seguimiento a los trámites.
Esta falta de seguridad jurídica genera incertidumbre y desconfianza, lo que desincentiva la inversión tanto de pequeños emprendedores como de grandes empresas, afectando la competitividad del país. La inseguridad jurídica es una de las consecuencias más graves del sistema clientelista. Aunque este problema no siempre ocupa titulares, por su impacto negativo sobre la sociedad debería recibir mayor atención mediática. Los usuarios del sector público tienen derecho a la certeza de que los funcionarios aplicarán y ejecutarán correctamente las leyes. Sin ello, no puede existir un auténtico Estado de derecho.
El autor es abogado.
