Al parecer, a este aleccionador refrán no le hacen caso los bancos panameños mencionados durante la lectura del auto de llamamiento a juicio en el caso Odebrecht, toda vez que todos y cada uno de ellos facilitaron la apertura de cuentas y recibieron sin mayor cuestionamiento las sumas millonarias que se detallan en el escándalo de lavado de dinero más grande y vergonzoso de la historia reciente del país.
Se trata de los mismos bancos que, en cambio, a usted o a mí nos exigen hasta el segundo apellido de nuestros tatarabuelos cuando intentamos abrir una cuenta para depositar apenas cien dólares.
Sin prejuicios de ninguna índole y mediante el más elemental escrutinio del sentido común, dichas entidades bancarias se constituyen en un eslabón imprescindible del entramado de transferencias que tipifica este delito. Que yo sepa, de acuerdo con el seguimiento realizado por los investigadores del caso, todo el dinero circuló a través del sistema bancario. Ni un solo dólar fue hallado, por ejemplo, enterrado en los tradicionales caletos utilizados por la vieja mafia colombiana.
De hecho, resulta inexplicable que el Ministerio Público, a cargo de las investigaciones de este emblemático caso, no haya requerido la comparecencia de altos directivos de estas entidades bancarias privadas panameñas, mencionadas con pelos y señales en los expedientes. Bien sea a nivel de junta directiva, accionistas, asesores, auditores u oficiales subalternos, su indagatoria resulta indispensable, al menos para explicar su ambiguo y sospechoso proceder en esta trama.
Por definición, el lavado de dinero se refiere al proceso de disfrazar el origen de fondos obtenidos ilícitamente para que aparenten ser legales y legítimos. Su objetivo es integrar esos recursos en el sistema financiero formal, dificultando la distinción entre dinero limpio y dinero sucio.
El término lavado tiene su origen en Estados Unidos en la década de 1920, cuando mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para ocultar la procedencia ilícita del dinero. La expresión fue utilizada judicialmente por primera vez en 1982, tras la confiscación de fondos supuestamente blanqueados provenientes del narcotráfico colombiano.
Desde entonces, los bancos se han convertido en objetivos privilegiados del lavado de dinero, debido a su infraestructura sofisticada, alcance internacional y legitimidad percibida. Los delincuentes explotan estas vulnerabilidades para mover y ocultar fondos ilícitos dentro del prestigioso sistema bancario, que encaja como muñecas rusas en sus oscuros intereses.
Es por ello que, en el sentir del ciudadano común, existe una percepción generalizada de que la actividad bancaria panameña está contaminada por la corrupción. Si por el sistema financiero nacional circulan miles de millones de dólares mal habidos, ¿cómo es posible que no se hayan diseñado ni aplicado controles efectivos para impedirlo, a la vista de la Superintendencia de Bancos y de las autoridades en general?
Tómese lo anterior como una reflexión necesaria sobre la urgencia de incorporar mayor integridad, transparencia y responsabilidad en el sistema bancario panameño, a fin de que no resulte tan difícil —al menos para los ciudadanos— distinguir entre honrados y maleantes, dentro y fuera de las entidades financieras.
El autor es escritor y pintor.
