Recientemente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá organizó el foro Pesca de Camarones y Peces Demersales: Mitos, Evidencia Científica y Realidades. El evento tuvo como objetivo promover el conocimiento, impulsar la investigación nacional y avanzar hacia un modelo de manejo pesquero basado en evidencia científica que responda a las realidades, necesidades y desafíos de Panamá.
Que Panamá necesita fortalecer su investigación pesquera nacional es una afirmación difícil de cuestionar. Contar con mejor información local permite comprender con mayor precisión nuestras dinámicas ecológicas, económicas y sociales, además de diseñar políticas públicas ajustadas a nuestra realidad. Nadie debería oponerse a ello.
Sin embargo, de esa premisa razonable no se desprende necesariamente otra conclusión que aparece con frecuencia en el debate público: que mientras no exista suficiente evidencia científica nacional, las decisiones precautorias deban posponerse o que el conocimiento generado en otros contextos deba descartarse por no haberse producido en aguas panameñas.
Ese argumento merece una reflexión más cuidadosa.
La gestión pesquera —como prácticamente toda política ambiental seria— rara vez opera bajo condiciones de certeza absoluta. La incertidumbre forma parte estructural del sistema. Los datos suelen llegar con retraso; existen vacíos de monitoreo; la captura incidental no siempre se documenta con precisión; la identificación de especies puede ser imperfecta, y el esfuerzo pesquero cambia más rápido que la capacidad institucional de medirlo.
Esperar información perfecta antes de actuar no constituye una condición realista de gobernanza; es, en sí misma, una decisión. Y no necesariamente una prudente.
En el debate pesquero suele afirmarse que Panamá no debe depender de “extrapolaciones internacionales” para tomar decisiones sobre sus recursos. Como principio general, el planteamiento tiene mérito: no toda evidencia producida en otro país puede trasladarse mecánicamente a nuestra realidad. Los ecosistemas difieren, la intensidad de explotación cambia, la gobernanza institucional no es uniforme y las condiciones socioeconómicas también importan.
Pero reconocer esos matices no equivale a invalidar automáticamente la evidencia internacional.
La ciencia funciona precisamente construyendo conocimiento comparable, identificando patrones, desarrollando metodologías replicables y aprendiendo de experiencias acumuladas en distintos contextos. Si el conocimiento científico solo fuera aplicable dentro del territorio exacto donde fue generado, gran parte de lo que hoy utilizamos para gestionar salud pública, infraestructura, clima o recursos naturales carecería de utilidad práctica.
Esto resulta aún más evidente cuando hablamos de actividades cuyos impactos han sido ampliamente estudiados o de procesos ecológicos bien documentados.
Promover más investigación nacional es correcto. Convertir esa necesidad en una razón para suspender decisiones prudentes mientras esa investigación llega es otra cosa.
Aquí entra un concepto frecuentemente malinterpretado: el principio precautorio.
Este principio no significa prohibir por sospecha ni actuar desde el alarmismo. Tampoco implica desconocer el valor económico y social de una actividad productiva. Lo que propone es algo mucho más simple y racional: cuando existe incertidumbre científica relevante, pero también indicios plausibles de daño serio o potencialmente irreversible, la ausencia de certeza absoluta no debe utilizarse como excusa para postergar medidas razonables de gestión.
En pesca, este criterio no es ideológico; es profundamente práctico. Cuando un recurso muestra deterioro comprobable, su recuperación suele resultar mucho más costosa —económica, social y ecológicamente— que haber actuado a tiempo.
Conviene recordar, además, que muchas pesquerías del mundo —particularmente en países en desarrollo— se manejan bajo condiciones de información limitada. La ausencia de datos exhaustivos no es deseable, pero tampoco excepcional. Precisamente por ello, la gestión pesquera moderna ha desarrollado herramientas precautorias y enfoques adaptativos que permiten tomar decisiones utilizando la mejor evidencia disponible, incluso en contextos de incertidumbre.
También es importante reconocer algo esencial: las preocupaciones del sector pesquero son legítimas. La actividad genera empleo, aporta alimento, sostiene economías costeras y representa inversión productiva. Cualquier regulación mal diseñada puede generar costos reales y afectar comunidades que dependen del mar.
Pero precisamente por eso la sostenibilidad no debe verse como antagonista de la producción, sino como condición para su continuidad.
No existe contradicción entre aspirar a una mejor ciencia nacional y, al mismo tiempo, reconocer que la gestión de recursos debe tomar decisiones bajo incertidumbre. Lo verdaderamente problemático sería exigir un estándar imposible: actuar únicamente cuando exista evidencia local exhaustiva, incontrovertible y completa sobre cada variable relevante. Bajo ese criterio, muchas decisiones necesarias simplemente nunca llegarían a tiempo.
El riesgo no desaparece porque la información sea incompleta. La incertidumbre no suspende los procesos ecológicos. Los ecosistemas no esperan a que terminemos de llenar nuestras bases de datos.
Panamá necesita más investigación científica propia. Sin duda. Necesita mejores sistemas de monitoreo, trazabilidad, evaluación de impactos y generación de información independiente. Pero mientras ese fortalecimiento ocurre —y debe ocurrir— no podemos caer en la falsa dicotomía entre evidencia nacional perfecta o inacción.
La verdadera pregunta no es si queremos mejor ciencia local. Claro que la queremos. La verdadera pregunta es qué hacemos mientras esa ciencia se construye. Porque, en manejo pesquero, esperar también es una decisión. Y a veces, la más costosa.
El autor es coordinador editorial y asesor científico regional de Fundación MarViva.
