¿Cuántos más deben morir? Es la pregunta que hoy le hacemos a este país. No es una pregunta retórica. Es una pregunta real, urgente, incómoda.
Hoy lamentamos la muerte de Sergio Ábrego, estudiante de séptimo grado, quien falleció al cruzar la quebrada Frijol en Coronte, Kankintú, y de Héctor Ábrego, estudiante de noveno grado, quien murió al intentar cruzar el río Canoa, ambos arrastrados hasta el río Kricamola.
Con estas víctimas, son cuatro vidas documentadas que se han perdido en menos de seis meses desde la publicación del informe Educación mortal: crisis sistemática de ahogamientos infantiles en la comarca Ngäbe-Buglé (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá —FUDESPA— y Jóvenes Unidos por la Educación —JUXLAE—, 2025), que ya estimaba aproximadamente 70 fallecidos en los últimos 25 años. El mismo estudio identifica las zonas en riesgo, en especial en Kankintú, y advertía que, de no intervenir, podrían ocurrir entre 15 y 25 muertes adicionales en los próximos cinco años.
Hoy, lamentablemente, la frecuencia de los hechos no solo confirma el diagnóstico: también evidencia la urgencia crítica de una respuesta efectiva.
El gobierno había anunciado la construcción de puentes tipo zarzo como solución prioritaria para garantizar el acceso escolar seguro. Sin embargo, a abril de 2026, lo que existe públicamente es principalmente aprobación, financiamiento y contratación. No hay evidencia clara de una red significativa de estos zarzos priorizados en las zonas de mayor riesgo.
Más preocupante que la intención es la ejecución y el esquema de contratación. Los costos unitarios se aproximan a los de puentes peatonales permanentes, lo que exige una justificación técnica clara. Se requiere verificar la consistencia entre costo y tipología estructural, la existencia de estudios hidrológicos e hidráulicos que aseguren desempeño y vida útil, y la priorización de ubicaciones según niveles de riesgo. Sin este sustento, la intervención corre el riesgo de derivar en una solución técnicamente insuficiente y económicamente ineficiente.
El problema debe analizarse en su contexto macroeconómico. Panamá, segundo en Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en América Latina, según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2026), presenta una marcada brecha social: el 34.5% de la niñez vive en pobreza y el 16% en pobreza extrema (UNICEF, Banco Mundial, Ministerio de Desarrollo Social —MIDES—), cifras que en la comarca Ngäbe-Buglé alcanzan 91.2% y 69.7%, respectivamente.
¿Por qué estos números importan? Porque, en un país de 5 millones de habitantes, con ingresos fiscales anuales de aproximadamente $10,000 millones (Ministerio de Economía y Finanzas), estas muertes no responden a una restricción de recursos, sino a fallas claras en asignación, priorización y ejecución del gasto público.
La publicación El espejismo tecnológico (JUXLAE y FUDESPA, 2026) evidencia una desconexión entre la inversión pública y la realidad territorial. Mientras se pretende destinar $273 millones a soluciones visibles, como laptops, más del 90% de las escuelas enfrenta carencias básicas: sin agua potable, sin baños adecuados, sin electricidad y, como lo sufrieron en carne propia y pagaron con sus vidas Sergio y Héctor, sin accesos seguros.
En este contexto, no existe un enfoque sistémico que incorpore planificación territorial, mantenimiento, sistemas de alerta y priorización institucional, y a este punto estamos perpetuando la normalización del riesgo.
Pero hay algo aún más preocupante: el silencio, la falta de indignación social. ¿Cuántos más deben morir para que dejemos de mirar hacia otro lado?
No es normal que un niño tenga que arriesgar su vida para educarse.No es normal que la pobreza determine quién vive y quién muere.Ni es normal que, teniendo los recursos, sigamos fallándoles.
Hoy, más que nunca, este es un llamado a la conciencia colectiva. A no acostumbrarnos. A no aceptar. A exigir.
A las familias de Sergio y de Héctor, y a todas las familias que han perdido a un hijo intentando llegar a su escuela, les debemos más que palabras: les debemos respuestas, acciones y justicia.
Y a los miles de niños que hoy siguen caminando horas, cruzando ríos, estudiando en escuelas sin servicios básicos, les debemos algo aún más profundo:
Una disculpa.
Porque su realidad no es producto del azar.Es el reflejo de lo que, como sociedad, hemos permitido.
Y ya no podemos seguir permitiendo. Basta.
La autora es ingeniera civil y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
