En el “Hoy por Hoy” de La Prensa, publicado el 4 de febrero de 2026, se señala que “La historia del contrato de Panama Ports Company (PPC) no es la de un error aislado, sino la de una cadena de decisiones públicas que desprotegieron los intereses del Estado. Durante casi tres décadas, funcionarios con nombre y apellido ocuparon posiciones clave y, por acción u omisión, permitieron que un contrato estratégicamente sensible derivara en un esquema profundamente desequilibrado”.
Ante esta afirmación, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto es el daño causado por esta desprotección de los intereses del Estado y, en consecuencia, de los intereses de los ciudadanos de Panamá?
Dicho de forma más directa: ¿de cuánto fue el perjuicio producido por el “desequilibrio de los contratos”, cuánto debe el Estado recuperar y cuánto tienen los ciudadanos derecho a recibir?
¿Cuál es el monto de esa gigantesca cuenta por cobrar del Estado y, a la vez, de esa gigantesca cuenta por pagar del Estado a los ciudadanos?
Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que el Estado panameño dejó de percibir más de $1,200 millones —con estimaciones de hasta $1,337 millones— debido a un contrato desventajoso y a la eliminación de la anualidad fija en las concesiones otorgadas a Panama Ports Company (PPC). Esta situación se atribuye a la falta de supervisión y a modificaciones contractuales poco beneficiosas para el país.
En términos de aritmética sencilla:$1,200,000,000 por recuperar, divididos entre 4,500,000 ciudadanos, equivaldrían a aproximadamente $267 por persona.
El Gobierno actual no puede seguir mirando hacia otro lado, ni mantener la política de que aquí no ha pasado nada, porque esa omisión lo convierte en cómplice y deudor. Después será tarde.
Es imperativo proceder al cobro a los funcionarios directamente responsables, en los gobiernos centrales ya plenamente identificados, y aplicarles sanciones políticas, administrativas, pecuniarias y penales. Se sabe quiénes son y dónde están.
De igual manera, deben responder los funcionarios responsables por omisión en la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y otras instancias.
La recuperación de este dinero no es un acto de revancha, sino una obligación para devolver de manera racional y ordenada a los ciudadanos los servicios que necesitan y que el Estado no presta por corrupción e incompetencia. No se trata de “quiero mi plata” para seguir despilfarrando recursos públicos en clientelismo o pseudo-inversiones disparatadas.
Errar es humano; no corregir ni aprender es imperdonable.
El autor es consultor en asuntos económicos y bancarios.
