Hablar de la destrucción de los manglares en nuestro país es referirse a una realidad ante la cual muchos prefieren hacerse de la vista gorda. Hoy en día, ver cómo se destruye un manglar o cómo se realiza la extracción de arena en estas zonas se ha vuelto algo casi normal en Panamá.
La situación que se vive actualmente en el área de Punta Chame es muy delicada. Como panameños debemos tener claro que se nos avecina un problema serio debido a la cantidad de manglares que han sido destruidos y a la extracción que se ha permitido en ese sector. Sin embargo, también enfrentamos otro aspecto importante: la debilidad de la fiscalización y de las leyes ambientales en nuestro país. Existe una gran falencia en materia legal, ya que no contamos con normas realmente contundentes para enfrentar este tipo de situaciones. Mientras esto siga así, continuaremos viendo cómo se repiten los mismos problemas una y otra vez.
Debemos tener presente que el ecosistema marítimo es extremadamente delicado. Si no lo cuidamos hoy, estaremos preparando el terreno para enfrentar graves consecuencias en el futuro. Basta con observar los aguajes que se presentan actualmente, el impacto del calentamiento global y todas las afectaciones que estas situaciones ya están generando en nuestro país. Lo más preocupante es que muchas veces se destruye un manglar para desarrollar proyectos hoteleros, turísticos o residenciales, sin considerar la magnitud del problema que esto puede provocar a largo plazo.
Los manglares cumplen una función vital en la protección de nuestras costas, en la biodiversidad y en el equilibrio ambiental. Por eso debemos entrar en sintonía como país y crear leyes realmente eficientes que obliguen a respetar el ambiente. Las autoridades deben mantenerse vigilantes ante estas situaciones y las sanciones deben ser enérgicas.
Lamentablemente, en nuestro país se ha vuelto común ver cómo se destruyen manglares o se construye en la línea de marea, generando problemas que después terminan afectando al país entero. Incluso, en muchos casos el Estado termina indemnizando a quienes construyeron en lugares donde nunca debió permitirse.
Esto demuestra que es urgente fortalecer nuestras leyes ambientales para proteger el ecosistema, la flora y la fauna de la República de Panamá. Mientras no existan leyes más rígidas y sanciones ejemplares para quienes destruyen nuestros recursos naturales, seguiremos viendo la deforestación de manglares y el deterioro de nuestros ecosistemas.
El autor es docente.
