De acuerdo a conclusiones de la Antai, en su investigación relacionada con la entrega anómala de auxilios económicos a dependientes de personas de alta jerarquía gubernamental, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, el Ifarhu está en la obligación de publicar en torno al funcionamiento y desarrollo de las actividades que realiza, incluyendo los detalles de los auxilios económicos, porque toda información relacionada con el uso y disposición de fondos del Estado es pública.
Recordemos que el Ifarhu no dio ni da detalles sobre quiénes son los beneficiarios de las becas y auxilios económicos que otorga ni cuánto reciben. Bernardo Meneses, exdirector, negó la información alegando que la divulgación estaba prohibida por la Ley 81 de 2019 sobre datos personales, lo cual es falso, ante lo explicado por la Antai en su comunicado.
La Antai instruyó al Ifarhu para realizar una rendición de cuentas mensual sobre el proceso de otorgamiento de auxilios económicos, debiendo incluir las convocatorias públicas con fecha de inicio y cierre, escogimiento de los beneficiarios por sus méritos académicos, establecimiento de los montos mínimos y máximos del beneficio otorgado, publicación del listado de los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos del programa (ya sea en la web de la institución o en medios de comunicación), incluyendo los nombres de los beneficiarios y montos desembolsados, identificación de los que concluyeron satisfactoriamente sus estudios, como de los que interrumpieron sus obligaciones académicas.
Según la Antai, no existen manuales, guías, protocolos ni lineamientos que orienten la manera de gestionar los auxilios económicos, por lo que urge proceder con la elaboración de un reglamento del programa. Tampoco se utiliza la tecnología adecuada para que exista eficiencia y eficacia en los procesos. Además, solicitó al Ifarhu que deje sin efecto la Resolución 320-2021-521 de 3 de agosto de 2021, por la cual se declara como datos confidenciales las resoluciones del comité y actas del consejo nacional del Ifarhu. La Antai también emplazó al Ifarhu para que elabore un plan de acción que contenga objetivos, indicadores de progreso, resultados y plazos de ejecución, que permita verificar y analizar el cumplimiento de su resolución donde indica todos estos aspectos consignados.
De lo expuesto por la Antai, se concluye que lo que hubo en el Ifarhu bajo la dirección de Meneses fue un total y completo descontrol, en adición a la entrega discrecional de auxilios económicos a quienes, para ese director, tenían la suficiente influencia política y de poder para ser beneficiados. Solo en 2023, el presupuesto del Ifarhu es de $442.2 millones, de los cuales $369.7 millones son para los programas de becas de asistencia educativa y de auxilios económicos. Pero a pesar de todas estas anomalías descubiertas y descritas por la Antai, que llevan a la entrega de auxilios económicos a quienes son hijos o dependientes de diputados, ministros o personas del engranaje gubernamental, cuyos familiares cuentan con suficientes recursos para pagarles los estudios o, por lo menos, pedir préstamos en lugar de fondos no reembolsables, resulta que la Antai no le fija a Meneses ningún tipo de irregularidad en la entrega de esos auxilios económicos. O sea, su procedimiento fue incompleto, desordenado, descontrolado y discrecional, pero no hubo ningún tipo de falta, negligencia o deformidad. Tal vez la directora de Antai pretende al final congraciarse con su copartidario Meneses, hoy en plena carrera para obtener una curul y así seguirle éste los pasos a una actual diputada que, en el gobierno anterior, sirvió como directora del Ifarhu. Porque al final eso es lo que buscan: utilizar el cargo como un escalón político.
Por cierto que el consejo nacional del Ifarhu, que preside la ministra de Educación, se declaró en sesión permanente desde el 24 de octubre de 2022, para establecer recomendaciones, ejecutarlas de forma inmediata y dar seguimiento a los trámites de la gestión que desarrolla la institución, frente al escándalo que generaron las publicaciones que confirmaron la entrega de auxilios económicos a dependientes de diputados, principalmente del PRD, de ministros de Estado e incluso de directores de entidades autónomas y de otra naturaleza en el engranaje gubernamental. Por supuesto que al día de hoy ese cuerpo colegiado no ha reportado o resuelto absolutamente nada.
A su vez, el presidente de la República, en entrevista del 4 de noviembre de 2022, dijo haber conversado con Meneses para que se le hiciera un ajuste (uno solo), al Reglamento de Becas, Asistencias Económicas Educativas y Auxilios Económicos, para cambiar la palabra “o” por “y” en el ordinal 2 del artículo 69, de manera que la evaluación y otorgamiento de este beneficio, fuese en base a una sustentación ante la necesidad económica “y” académica (ambas y no una cualquiera de las dos). Agregamos nosotros, como lo establecía la Resolución 93 de 2009 (que exigía sustentar la necesidad económica). Incluso la norma original, que era la Resolución 28 de 2004, dirigía expresamente el auxilio económico “para estudiantes de escasos recursos”. Criterio enmendado sospechosamente mediante la Resolución 201 de 2015, por la cual se permitió cumplir lo académico “o” lo económico, subterfugio que hoy parece beneficiar a gente y funcionarios de dinero con influencia. Ésta oscura resolución fue rubricada por Rosa Arguelles, Carmen Loxandra Zorita, Jorge Motta y Erasmo Muñoz Marín. Son ellos quienes deben explicar por qué aprobaron ese cambio en aquel momento.
Finalmente, como estamos en el gobierno de la leche condensada, lamentablemente la solicitud de enmienda del presidente, de hace más de cinco meses, no se ha ejecutado. Existiendo todavía la posibilidad de que más diputados y ministros principalmente, soliciten auxilios económicos para sus dependientes.
El autor es abogado
