Estamos obligados, como ciudadanos, a participar en la recuperación de la credibilidad de las instituciones, si deseamos vivir en una democracia funcional.
Los diputados son asociados a factores de poder por un número creciente de la población panameña. Se les considera clave en la ideación y aprobación de leyes, para favorecer intereses individuales o la entrega de donaciones y patrocinios.
El epicentro de la discusión política debe ser la Asamblea Nacional. Por su naturaleza jurídica, allí se deberían dar los debates que aborden los temas más importantes para la sociedad. La construcción de propuestas de ley y el rol fiscalizador de la Asamblea son clave para robustecer el anémico sistema democrático panameño.
Error de ingenuos. Jamás debemos suponer que nuestra ausencia es un mensaje explícito de nuestra inconformidad, por el contrario, es una licencia para gobernar sin restricciones. Por años, hemos mirado con desdén y símbolo de aprovechamiento de recursos la participación política en la Asamblea, autoexcluyéndonos de sus debates y discusiones.
Chile, país reconocido por su fortaleza institucional, ha perfeccionado su democracia, producto del profundo involucramiento de la sociedad civil en las instituciones públicas, luego de largos años de dictadura. La democracia se fortalece con la participación ciudadana.
“Es imperativo generar alianzas entre los diversos actores de la sociedad civil, construir credibilidad a través de propuestas y diálogos, y ser activos y vigilantes en la construcción legislativa de propuestas de políticas públicas en educación”, nos advirtió Cristian Miquel, de Educación 2020, en reciente diálogo con jóvenes líderes del Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana. Es alentador saber cómo el Órgano Legislativo ha sido crítico en el proceso de la mejora educacional chilena. No participar es contribuir, por omisión, al debilitamiento institucional. Es condenar a muchas personas a la frustración, a la mala educación, a la pobreza y a la imposibilidad de realizarse personal y profesionalmente.
Ahí, nuestro silencio nos hace cómplices. Hagámonos del poder que tenemos para incidir. Inundemos a la Asamblea Nacional con solicitudes y seamos eternos vigilantes de sus actuaciones.
Participemos y demos seguimiento al funcionamiento de las instituciones públicas.
Si deseamos una democracia que funcione, estamos obligados a ser actores de los procesos políticos, rescatando nuestras instituciones, incluyendo la recuperación de la credibilidad de la Asamblea.
No ser cómplices silenciosos, anima a un mayor número de jóvenes a activarse. Participar no es una opción, es un imperativo social. No olvidemos que quienes participan tienen la última palabra y en la Asamblea no hay, precisamente, curules vacías.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación