Una alianza, por definición, es la unión, en este caso política, de dos más partidos con ideas afines para llegar a obtener el triunfo en una elección y poner en práctica un plan de gobierno previamente elaborado, en aras de mejorar las condiciones sociales y económicas de una nación.
Lamentablemente en Panamá estas alianzas políticas no funcionan de esta manera. Más bien de lo que se trata es de juntarse para lograr llegar al poder engañando al electorado y una vez allí, viene la repartición de las instituciones previamente comprometidas en ese pacto político. Ponen en los puestos de dirección, no a los más capaces sino a los que lograron aportar mayor cantidad de votos a través del clientelismo ya endémico en Panamá, o promesas de empleos, becas y otros ofrecimientos que no se cumplirán ni siquiera en un 10 por ciento. Los que se benefician generalmente son gente, que sin ninguna preparación profesional u académica, ni mucho menos laboral, llegan a las instituciones a colocar a sus allegados, a realizar una gestiones que, a través de todos estos periodos, con muy pocas excepciones, han sido mediocres y han contribuido al empobrecimiento y endeudamiento de este país. Los proyectos que generalmente se concretan para beneficio del pueblo, o no se llevan a cabo, o en su mayoría se realizan a medias. En este tipo de alianzas, los que se benefician también son los que aportan dinero a estas campañas, amarradas desde sus inicios para cumplir con estas empresas o personas y poder recuperar con intereses la inversión realizada en estos grupos que llegarían al poder
En estas elecciones tiene relevancia en estos momentos el tema minero. Y se observan posibles alianzas entre grupos que tímidamente adversan al contrato y gente qu e lo apoya totalmente. Muy pocos mantienen su posición firme y comprometida con los intereses nacionales de no apoyar a ese contrato. Los que mantienen esa postura son Lombana, Gordón y Zulay, pero por razones paradójicamente ideológicas y de personalismos, no podrán conformar una alianza. Y en este tema, los que lo apoyan alegan el tema de la seguridad jurídica y posibles demandas. Pero señores, la mina está operando desde finales del 2021 en la ilegalidad, cuando la Corte emitió su fallo. Además, si es por demandas, ya Panamá ha salido airoso contra otros filibusteros en el tema de la ampliación del canal. La historia se repite en espiral, decían por allí y en este episodio, Panama vuelve y cae en el error de ceder su soberanía como en los tratados Herran -Hay, y Hay-Bunaeau-Varilla. Y en este caso es gravísimo porque compromete sus ecosistemas y en un futuro su seguridad alimentaria, porque con tierras inservibles y ríos contaminados ¿de dónde sacarán el alimento estas regiones?
De unas décadas para acá, la sociedad pensante ha exigido planes de gobierno, los ha habido, pero no se han cumplido. El tema también en boga es la constituyente. Algunos la mencionan de llegar al poder, otros, en términos panameños, la “chifean” hablando de esta hasta el final de su gobierno o sea, nunca la ejecutarán. La constituyente es importante porque la sociedad requiere la garantía de una separación genuina de los poderes. Que la elección de los magistrados no dependa del ejecutivo que generalmente coloca a gente allegada al partido en el poder. Ni tampoco una figura como el Contralor debiera depender del Ejecutivo porque este debe ejercer una labor Fiscalizadora en beneficio del país no en beneficio de los grupos en el poder.
La democracia panameña está tambaleante debido a los múltiples casos de corrupción que quedan en la impunidad, debido a la desigualdad social que marca los caminos a la delincuencia y al crimen organizado. Todas estas insatisfacciones que golpean al pueblo sirven de caldo de cultivo, para el arribo de una nueva dictadura, a la que le bastará con cumplirles algunas necesidades a esas grandes mayorías olvidadas por un sistema democrático que no aguanta más de lo mismo, con cada nuevo periodo electoral.
El autor es sociológo y docente panameño
