Todos los ciudadanos deben gozar del derecho y la oportunidad de ser elegidos en elecciones y de participar en la dirección de los asuntos públicos de su país, rezan el Pacto de San José y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, así como exaltar la dignidad humana y acatar las normas de derecho internacional, son parte de los principios rectores que rigen nuestra Constitución.
Nuestra Carta Magna reconoce que los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos se reservan a los ciudadanos y establece que los partidos políticos son instrumentos fundamentales para la participación política y exige que su funcionamiento sea fundado en principios democráticos.
Flavia Freidenberg, politóloga argentina, nos dice “la democracia interna en un partido supone la adopción de los principios de este sistema político en el interior de la organización. Desde una perspectiva pluralista, eso significa la inclusión del criterio de competencia y la adopción de valores democráticos, como la libertad de expresión y la libertad de elección para sus miembros…”
El establecimiento de las elecciones primarias en nuestro país se dio a través de la reforma electoral del año 1997, cuando se dispuso su obligatoriedad para postular al candidato a la Presidencia de la República, cometiéndose el grave error de dejarlas como opcionales para el resto de los cargos de elección popular.
La elección primaria asegura el derecho a la participación de la membresía de un partido político a ser elegida y participar en la dirección de los asuntos públicos del país; además, permite el surgimiento de nuevos liderazgos y la renovación de la oferta electoral. Como parte de la estrategia electoral, permite calibrar las simpatías de los candidatos frente a la membresía y la ciudadanía y así trabajar en las fortalezas y debilidades de los mismos, frente a los procesos electorales.
Todos estos propósitos se ven truncados con la ausencia de elecciones primarias y con el establecimiento de las alianzas electorales, mismas que van en detrimento de la participación democrática del ciudadano, que debe ser el propósito y el norte de los partidos políticos.
Las alianzas electorales son legales, pero a mi juicio son contrarias a las disposiciones que buscan proteger el derecho humano político activo del ciudadano y de paso el derecho de quienes elegimos a tener una mayor y mejor oferta electoral.
No debemos olvidar que quienes estamos envestidos de los derechos políticos somos los ciudadanos y el Estado, a través de sus instituciones, debe velar por su protección.
El autor es abogado, asesor y consultor en derecho electoral
