Pareciera el prólogo de una serie judicial de Netflix: en América Latina, muchas trayectorias políticas están siguiendo un patrón inquietante, donde la banda presidencial termina siendo reemplazada por una tobillera electrónica.
En este contra-modelo de poder y justicia, el 28 de julio de 2025 la última condena resonó fuerte en Colombia con el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, dictó en primera instancia una sentencia de 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno. Mientras su defensa prepara la apelación, el exmandatario no está solo: sus seguidores ya levantaron la voz y se convocó a una gran cruzada esta semana para defender su nombre, mezclando fervor político con un combate judicial ya tan apasionado como un vallenato, pero más a lo paisa tradicional.
En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro —sin condena firme—, quien tiene un proceso aún en curso, cumplía hoy su primer día de arresto domiciliario, llevando una tobillera electrónica. Las restricciones de las medidas cautelares limitan sus comunicaciones con el exterior, incluso por teléfono y redes sociales. Tiene derecho a recibir visitas familiares y de sus abogados, mientras avanza el proceso en su contra por su presunta participación en un intento de golpe de Estado. Al ritmo de samba, el escenario político brasileño sigue marcado por tensiones.
También en Brasil el expresidente Fernando Collor de Mello fue condenado en 2023 a ocho años y diez meses de prisión por corrupción y lavado de dinero en el caso BR Distribuidora. Fue detenido en abril de 2025, tras agotar sus recursos legales, y recluido en una cárcel de Maceió. Pocas semanas después la Corte Suprema le otorgó prisión domiciliaria con tobillera electrónica por su edad y salud.
En Argentina, el pasado 10 de junio de 2025 la justicia dictó sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner —condenada en noviembre de 2024 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad por administración fraudulenta— y dispuso su prisión domiciliaria.
Como en un tango cargado de drama, una semana después el Tribunal Oral Federal N.º 2 le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, que cumple en su apartamento del barrio Constitución, en Buenos Aires. Debe llevar tobillera electrónica, que marca cada paso en esta jugada judicial donde la cancha política se mantiene en constante tensión.
También fue célebre el caso del expresidente argentino Carlos Menem, quien gobernó de 1989 a 1999. Fue condenado en segunda instancia en 2015 a cuatro años y medio de prisión e inhabilitación perpetua como figura política. Se le acusó de organizar un sistema clandestino de sobresueldos con fondos reservados de inteligencia. No fue a la cárcel por contar con fuero como senador y luego falleció.
En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli, tras ser condenado a más de 10 años por blanqueo de capitales, salió de su residencia con la tranquilidad de quien va a comprar pan, pero, más rápido que lo que se propaga un meme viral, entró a la embajada de Nicaragua para luego refugiarse en Colombia, donde recibió asilo político. Al igual que Cristina Fernández de Kirchner y Álvaro Uribe, Martinelli cuenta con un nutrido y ruidoso grupo de seguidores que lo defienden con fervor, sin importar la sentencia o los titulares en su contra.
Y en esta lista aparece un país que suele destacarse por su paz, su café y aparecer en los rankings de felicidad mundial, pero que se anotó en la liga de escándalos presidenciales regionales. Y así como son de esmerados, parecieron marcarse dos goles en propia puerta y sin pedir el VAR: en 2009, el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier fue condenado a cinco años por peculado —pena que luego se redujo a tres años y se aplicó de forma condicional—, y en 2011, Miguel Ángel Rodríguez recibió cinco años por corrupción agravada en una licitación con Alcatel —condena que posteriormente fue anulada y culminó con su absolución definitiva en 2016—. Los ticos pueden decir que, además de ser un país sin ejército… tienen procesos judiciales presidenciales que dan para más de un tiempo extra.
Pero en la región hay un país que es una potencia gastronómica, y lo es también en el asunto de este artículo: incluye en su menú el ceviche mixto que lleva un poco de corrupción, escándalo y buena cantidad de limón judicial. Tres expresidentes peruanos condenados y uno en prisión preventiva: Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción; Alejandro Toledo, extraditado en abril de 2023, fue condenado el 21 de octubre de 2024 a 20 años y seis meses de prisión por lavado de activos y colusión en el caso Odebrecht; Ollanta Humala fue condenado el 15 de abril de 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos vinculado a Odebrecht; y Pedro Castillo —sin condena firme— permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2022, enfrenta juicio por rebelión y otros delitos, con una petición fiscal de 34 años.
En Ecuador, “Arroz Verde” no es solo un plato típico, es el escándalo con sabor a sobornos. Por el mismo, el expresidente Rafael Correa fue condenado en 2020 a 8 años de prisión por cohecho agravado en el caso “Sobornos 2012–2016”, originalmente conocido como “Arroz Verde”. Correa se encuentra en Bélgica. Desde allá pareciera, de vez en cuando, que se están moviendo la olla y la arrocera del juego político como si se estuviera cocinando para un banquete del que aún no sabemos los invitados.
Honduras, Juan Orlando Hernández, quien gobernó de 2014 a 2022, pasó de los discursos presidenciales contra el narcotráfico a los alegatos judiciales. En abril de 2022 fue extraditado a Estados Unidos, acusado de recibir dinero del mismísimo ‘Chapo’ Guzmán para financiar sus campañas y amañar elecciones. A cambio, según la Fiscalía, facilitó el envío de más de 500 toneladas de cocaína rumbo al norte. En marzo de 2024, el juez Kevin Castel lo condenó a 45 años de prisión por narcotráfico y armas, más cinco años bajo libertad vigilada.
El país más pequeño de Centroamérica se atrevió a hacer lo que muchos no: sentar a sus expresidentes en el banquillo. Antonio Saca, quien gobernó El Salvador entre 2004 y 2009, pasó de los discursos presidenciales a una celda en San Salvador tras confesar el desvío de más de 300 millones de dólares del erario. Diez años de prisión sellaron su caída en 2018. Mauricio Funes, su sucesor, también fue condenado, esta vez por pactar una tregua con pandilla, fue juzgado en ausencia, estuvo hasta su fallecimiento exiliado en Nicaragua.
La ruta judicial que atraviesa Latinoamérica en este ciclo de banda y tobillera expone, sin filtros, las fisuras del poder y nos recuerda que lo que está en juego va más allá del destino de los exlíderes: lo que está en la balanza también es la credibilidad y la fortaleza misma de nuestras democracias.
