Hablar de educación en Panamá sigue siendo incómodo, pero más incómodo aún es fingir que nada ocurre. La crisis educativa no es reciente. Lleva décadas afectando a generaciones enteras. Ha creado una deuda intergeneracional que limita el desarrollo de miles de ciudadanos y frena el potencial del país.
En medio de este panorama, surgieron voces jóvenes que decidieron actuar. En 2015 nació Jóvenes Unidos por la Educación (JUxLaE), un movimiento que optó por transformar la queja en acción. Desde entonces, ha impulsado propuestas como 19 para el 19 y 24 para el 24, ha acompañado políticas públicas y ha trabajado directamente en comunidades. Su labor ha demostrado que la reforma educativa no puede quedarse en el discurso: debe convertirse en una prioridad nacional. JUxLaE también ha presentado estudios sobre infraestructura y la crisis de acceso a las escuelas por falta de puentes en la comarca Ngäbe Buglé, evidenciando que la educación no puede analizarse sin considerar las condiciones reales de los territorios.
Hablar de reforma educativa no es solo un ejercicio técnico. Se trata de una decisión política y moral sobre el país que se quiere construir. Durante años, estas discusiones se han desarrollado lejos de las aulas y de las comunidades, excluyendo a quienes viven la realidad educativa diariamente.
La desigualdad territorial es evidente. En 2025 se contabilizaban 3,102 centros educativos, muchos de ellos en condiciones inadecuadas. Para 2026, trece escuelas en regiones como Colón, la comarca Emberá Wounaan, Darién y la comarca Ngäbe Buglé inician el año lectivo sin presencialidad por falta de infraestructura. Cada año, las regiones más alejadas enfrentan mayores rezagos, lo que limita el aprendizaje y desconecta a los estudiantes de espacios fundamentales para su desarrollo.
Detrás de cada escuela rancho hay historias invisibilizadas: niños que caminan largas distancias para llegar a aulas sin condiciones básicas. Garantizar agua, electricidad, infraestructura y conectividad no es un lujo, sino el punto de partida. Implica atender las 220 escuelas rancho aún existentes; mejorar las condiciones de 115 mil estudiantes en centros precarios y establecer sistemas de monitoreo que permitan prevenir fallas.
Los resultados de aprendizaje refuerzan la urgencia. En el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2022, solo el 16% de los estudiantes alcanzó el nivel básico en matemáticas y el 42% en lectura. En el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2024, más de la mitad se ubicó en el nivel más bajo, y en sexto grado, nueve de cada diez estudiantes no alcanzaron el mínimo esperado en matemáticas. Aunque es fácil atribuir estos resultados a factores externos, el rezago es estructural.
Durante años, se ha confundido cobertura con calidad, igualdad con equidad y asistencia con aprendizaje.
A esto se suma un problema estructural: la ausencia de un mecanismo independiente de evaluación educativa. Actualmente, el mismo sistema que debe ser evaluado define sus propios criterios. Para corregir esta contradicción, JUxLaE propuso en 24 para el 24 la creación de un ente autónomo de evaluación educativa, orientado a garantizar objetividad, transparencia y mejora continua en los procesos de medición.
Los desafíos abarcan la formación docente y la inversión. El 54.5% de los docentes de preescolar no tienen el perfil académico requerido, mientras que la inversión educativa ya alcanzó el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), reflejando un avance importante. El reto no es solo cuánto se invierte, sino cómo se ejecuta. La sostenibilidad económica del país depende de la calidad de su capital humano. Las brechas son claras: mientras en zonas urbanas se alcanzan nueve años promedio de escolaridad, en las comarcas apenas se llega a cinco. Además, 120,000 niños y jóvenes están fuera del sistema educativo, y 90,000 personas con discapacidad permanecen excluidas.
Después de 30 años de diálogos nacionales y más de ocho años de trabajo de JUxLaE, ya no se trata de brechas, sino de fracturas. Y las fracturas no se resuelven con más análisis, sino con decisiones.
La reforma educativa no es un evento puntual. Es un proceso vivo que solo prospera cuando la voluntad política, la participación ciudadana y la corresponsabilidad social dejan de ser declaraciones y se traducen en políticas de Estado y en práctica cotidiana.
Las autoras forman parte de Jóvenes Unidos por la Educación.
