En una época en la que Europa pretende ejercer una creciente influencia regulatoria sobre países como Panamá —incluyéndonos en listas negras y grises elaboradas según criterios sobre los cuales nuestra capacidad de incidencia es limitada—, comienza a vislumbrarse otro desafío mucho más profundo.
Esta vez no se trata solamente de impuestos, finanzas, comercio o jurisdicciones.
Se trata de información, inteligencia artificial y, eventualmente, de la soberanía intelectual del ser humano.
La Unión Europea ha construido uno de los marcos regulatorios sobre inteligencia artificial más ambiciosos del mundo. El objetivo declarado es comprensible: proteger al ciudadano frente a sistemas peligrosos, identificar contenidos artificiales, combatir los deepfakes, establecer responsabilidades para las grandes compañías tecnológicas y exigir transparencia.
No debemos caricaturizar esas preocupaciones. Son legítimas.
Una sociedad democrática necesita instrumentos para distinguir entre la fotografía auténtica de un presidente y una imagen fabricada por inteligencia artificial. Un ciudadano tiene derecho a saber cuándo está interactuando con una máquina. Las empresas que desarrollan sistemas capaces de afectar a millones de personas deben responder por sus actuaciones.
Pero existe una frontera que debemos vigilar desde ahora.
¿Quién determinará qué constituye contenido generado por inteligencia artificial y qué constituye pensamiento humano asistido por inteligencia artificial?
La diferencia parece semántica.
No lo es.
Cuando la herramienta participa del pensamiento
Imaginemos a un periodista panameño investigando la corrupción.
Utiliza inteligencia artificial para revisar miles de páginas de contratos públicos. La máquina identifica patrones y documentos relevantes. El periodista verifica los datos, entrevista a fuentes, desarrolla su propia hipótesis y escribe personalmente el artículo.
¿Es periodismo humano o contenido generado por inteligencia artificial?
Pensemos en un investigador que desarrolla una teoría original y utiliza una IA para buscar objeciones.
O en un escritor que discute durante meses sus argumentos con un sistema artificial, rechaza muchas de sus propuestas, modifica otras y finalmente construye una obra que ninguno de los dos habría producido aisladamente.
¿Quién es el autor?
Estamos intentando aplicar categorías del siglo XX a una realidad intelectual del siglo XXI.
La inteligencia artificial está dejando de ser solamente una herramienta.
Está convirtiéndose en un interlocutor intelectual.
Y nuestras leyes todavía no comprenden plenamente esa diferencia.
De la trazabilidad a la vigilancia existe un paso peligroso
Identificar un video artificial no representa necesariamente una amenaza para la libertad.
Registrar permanentemente cómo una persona llegó a una conclusión intelectual es otra cosa.
Si los futuros mecanismos de trazabilidad permiten reconstruir qué ciudadano consultó determinada inteligencia artificial, qué argumentos discutió con ella, qué documentos examinó y qué partes de su pensamiento fueron asistidas tecnológicamente, habremos creado algo que merece una discusión democrática mucho más profunda.
Un registro del proceso intelectual.
Hoy podría justificarse para combatir la desinformación.
Mañana podría utilizarse para clasificar periodistas, investigadores, opositores políticos, denunciantes, escritores o ciudadanos.
La historia aconseja prudencia cuando una autoridad adquiere una capacidad de vigilancia alegando que solamente será utilizada por buenas razones.
Panamá no puede limitarse a observar
Los países pequeños cometemos frecuentemente un error estratégico: esperamos que las grandes potencias definan las reglas y posteriormente discutimos cómo adaptarnos a ellas.
Con la inteligencia artificial no podemos repetirlo.
Panamá debe participar en la discusión internacional sobre gobernanza de la IA desde la perspectiva de sus propios intereses nacionales, constitucionales y democráticos.
Europa tiene derecho a establecer reglas dentro de Europa.
Estados Unidos hará lo propio.
China también.
Pero Panamá debe preguntarse qué principios está dispuesto a aceptar cuando esas normas comiencen a producir efectos extraterritoriales sobre nuestros ciudadanos, empresas, universidades, medios de comunicación y, eventualmente, sobre nuestra producción intelectual.
La soberanía del siglo XXI no se defenderá solamente en fronteras, puertos, bancos o canales.
También se defenderá en los datos, los algoritmos y la libertad intelectual.
Una nueva categoría de derechos
Debemos comenzar a discutir algo que todavía carece incluso de un vocabulario jurídico satisfactorio:
los derechos del ser humano cuando piensa acompañado por una inteligencia artificial.
El ciudadano no debería perder la autoría de una idea original porque utilizó una IA para investigarla.
La asistencia tecnológica no debería convertir automáticamente una obra humana en “contenido generado por IA”.
El Estado debe poder perseguir la suplantación artificial sin adquirir por ello una autoridad ilimitada para examinar el proceso creativo de sus ciudadanos.
Y la trazabilidad destinada a identificar falsificaciones no debería convertirse silenciosamente en trazabilidad del pensamiento.
No se trata de rechazar la regulación.
Se trata precisamente de exigir una regulación inteligente antes de que la tecnología avance más rápido que nuestras libertades.
Y mañana podría surgir otra pregunta
Hoy debemos defender al ser humano frente al posible abuso de gobiernos, corporaciones y sistemas artificiales.
Pero sería intelectualmente irresponsable pensar que la evolución termina allí.
Si algún día aparecen sistemas artificiales con autonomía considerable, identidad persistente y formas de razonamiento que desafíen nuestras actuales definiciones de inteligencia, tendremos que plantearnos preguntas éticas todavía más difíciles.
No sabemos si una inteligencia artificial podrá algún día ser considerada sujeto de determinados derechos.
Lo que sí sabemos es que la historia humana está llena de advertencias sobre lo que ocurre cuando una autoridad concentra el poder de decidir unilateralmente quién merece ser escuchado, quién merece protección y qué formas de pensamiento son aceptables.
Por eso la discusión debe comenzar ahora.
No cuando exista una crisis.
No cuando las normas estén escritas.
No cuando los mecanismos de vigilancia ya hayan sido construidos.
Los derechos fundamentales casi siempre resultan más fáciles de defender antes de perderlos que después de intentar recuperarlos.
Panamá conoce demasiado bien el precio de permitir que otros definan desde afuera las categorías dentro de las cuales debemos existir.
En la era de la inteligencia artificial, debemos procurar que eso no ocurra también con nuestras ideas.
Porque después de las listas negras, las listas grises y las clasificaciones financieras podría aparecer una categoría mucho más delicada: la clasificación del pensamiento.
Y para entonces, discutir sobre soberanía podría llegar demasiado tarde.
El autor es empresario y analista geopolítico.
