El presidente José Raúl Mulino afirmó el pasado jueves, sin que nadie le preguntara al respecto —hace mes y medio que no responde preguntas de los periodistas—, que “en la actualidad existe una libertad absoluta de expresión”. Agregó que “tal vez nunca existió tanta apertura para poder expresar ideas, aunque sean falaces”.
La afirmación llama la atención. No solo porque es una falacia —y está en su derecho de lanzarla, como ha hecho con tantas otras—, sino porque es un nuevo intento del mandatario por presentar el tema de la libertad de expresión como un conflicto entre el Gobierno y algunos periodistas. Su intención es que esto sea visto como un choque entre él y “esos voceros oficiosos de la mentira que tienen que meterse la lengua por ya saben dónde…” (hay insultos de sobra, pero cito el que parece más representativo de sus sentimientos).
La realidad es que la libertad de expresión no está definida por un presidente alérgico a la crítica y al periodismo independiente. La libertad de expresión le pertenece a todos los panameños. Sin ella no es posible saber qué ocurre realmente tras las bambalinas del poder, cómo se usan los dineros del Estado, en qué se gastan los impuestos o por qué no hay empleo, agua, seguridad, educación y otros servicios básicos, a pesar de que pagamos por ellos.
Siempre habrá quien propague mentiras de uno u otro lado, pero la pregunta esencial es quién oculta información y por qué. Cuando se trata de información de interés público, conocer la verdad no es una concesión ni un regalo del Gobierno: es un derecho de todos los ciudadanos.
Sin libertad de expresión no es posible denunciar abusos, exigir soluciones y participar en las decisiones que afectan nuestra vida. Basta con hacernos la pregunta: ¿qué pasaría si los ciudadanos no conocieran —gracias al periodismo— a los que recibieron coimas, robaron millones, suscribieron contratos amañados, ilegales y desventajosos para el interés del país? La lista de impunes sería todavía mayor.
No sabemos lo que se oculta bajo el manto de opacidad que se construye desde el poder para invisibilizar, por ejemplo, las numerosas contrataciones directas millonarias o los conflictos de intereses que ellas entrañan. Pero se sabrá. Ahora, si usted está leyendo esta columna, ¿no es prueba de que existe libertad de expresión? Existe, pero está lejos de ser absoluta y pasa por uno de los momentos más oscuros de la historia reciente.
Libertad de expresión es poder expresarse sin temor a las represalias y es evidente que las hay, y cada vez más graves. Continúa el hostigamiento judicial de personas cercanas al poder contra periodistas que solo hacen su trabajo. También hay un silenciamiento sistemático de las voces críticas al Gobierno en grandes medios de comunicación. ¿Han notado que el radar noticioso muchas veces es un altavoz del Palacio de las Garzas? ¿Que a las voces críticas cada vez se les ve o escucha menos? ¿Que en las otrora mesas de análisis periodístico prima el discurso oficial? No vayan a creer que eso es casual.
Con la utilización de la millonaria pauta estatal, el Gobierno premia a dueños de medios mientras castiga a periodistas, imponiendo la autocensura. Oficialmente son $8.2 millones destinados a televisoras y empresas publicitarias, pero todo indica que hay mucho más dinero bajo la mesa: cuesta creer que la red de mercenarios digitales enfocada en atacar y desacreditar trabaje gratis.
Vienen decisiones difíciles que requerirán de pluralismo, fiscalización del poder, transparencia e información independiente: el futuro de la mina de Donoso, la reforma a la Ley Orgánica de Educación y un proceso constituyente que genera muchas preguntas. Mientras más informados estén los ciudadanos, mientras más conocimiento tengan a favor o en contra de lo que proponga el Gobierno, mayor será su capacidad de decidir correctamente aquello que más los beneficie.
Para conocer, indagar y debatir urge exigir la verdadera libertad de expresión: la que pertenece a todos los ciudadanos. No esa que pregona falazmente el presidente, mientras se empeña en socavarla.
