En 2017, Panamá acogió el principio de una sola China, según se estableció en la Resolución 2758 de la ONU de 25 de octubre de 1971, como reconocimiento de que existe un único Estado denominado China, comprendido por China continental, Hong Kong, Taiwán y Macao y que su legítimo representante es la República Popular de China. Por consiguiente, Panamá decidió, el 13 de junio de 2017, reconocer el gobierno de la China Popular, abrigando el principio de continuidad del Estado y dejando sin efecto todos los instrumentos suscritos con Taiwán. Y la razón dada por el entonces presidente Juan Carlos Varela fue que la China Popular “por sí solo representa el 20% de la población mundial y constituye la segunda economía más grande del mundo”. Añadiendo que “China es el segundo usuario más importante del Canal de Panamá y el primer proveedor de mercancías a la Zona Libre de Colón”.
¿Habrá sido ésta una razón demasiado comercial solo para sacarle provecho al valor del dinero?
Sin tomar en cuenta, de ser así, que no necesitábamos reconocer ese gobierno para tenerlo como usuario y proveedor de primera línea en el Canal y la Zona Libre, respectivamente. Como tampoco admitir que desde el gobierno de Pérez Balladares existía el marco que regía nuestra relación comercial con China Popular. Hoy se desconoce, por ejemplo, cuál ha sido el comportamiento de China Popular a través de la inversión extranjera directa en Panamá procedente de su territorio, en comparación con Hong Kong y Taiwán. ¿Cuál ha sido el impacto, además, de nuestras exportaciones a China Popular, cuando antes de asumir relaciones ya eran superiores a las de Taiwán?
Hoy se desconoce cuál ha sido el comportamiento de China Popular a través de la inversión extranjera directa en Panamá procedente de su territorio, en comparación con Hong Kong y Taiwán.
Para nadie es un secreto el periodo de enfriamiento que ha tenido nuestra relación con China Popular en la administración del presidente Laurentino Cortizo, tal vez sometido a la crispación o enfado de Washington. Pero hay además temas políticos, institucionales y de derechos humanos que nos separan o deben separar de la China Popular. Con un sistema democrático inexistente, una sociedad debilitada en sus libertades, altos niveles de represión, restricciones abusivas durante la pandemia, alta incidencia en las violaciones a los derechos humanos, un sistema de justicia déspota, en fin, China Popular es la antítesis negativa de Taiwán en cuanto a justicia, democracia y libertad se refiere. Siguiendo ésta el camino continuo de la democratización, con democracia plena, sociedad libre, evitando restricciones abusivas durante la pandemia y cuyo enfoque sanitario ha sido calificado como uno de los más exitosos del mundo. Taiwán además tiene altos niveles de democracia liberal, es la sexta economía más libre del mundo, es calificado como un Estado próspero, su sistema político es democrático, sus relaciones internacionales son pacíficas y su prosperidad es de las mayores del mundo.
El gobierno anterior apostó por China Popular por lo que representa en tamaño e intereses geopolíticos, sobre una pequeña Taiwán, a pesar de ser ésta institucional y humanamente más ejemplarizante. Pero la forma accidentada y poco elegante en que se reemplazaron dichas relaciones, nos coloca en desventaja como país muy pequeño que somos en el ámbito supranacional, con quienes pretendan hacernos lo mismo ante el principio de reciprocidad según el cual, a nivel diplomático, así como tratamos te tratan.
Queda pendiente cómo podríamos adherir a China Popular al Tratado de Neutralidad, cuando ya Taiwán es parte, porque seguramente aquella no entrará mientras ésta se mantenga. Tal vez en este tema será mejor mantener un silencio prudente, siendo preferible evitar que más Estados se sumen a una neutralidad que les da beneficios a algunos pocos (Costa Rica, Colombia y principalmente Estados Unidos) sobre otros.
El autor es abogado.
