Debemos alejar los intereses creados

Para los antiguos pobladores del Istmo, predecir acontecimientos históricos era un insulto a los dioses. En la actualidad, gracias a la cliodinámica, podemos predecir lo que sucederá en Panamá cuando presentan una ley y hay miles de millones de dólares en juego.

Nuestra nación comparte trayectorias previsibles hasta revolucionarías al igual que otras sociedades humanas, donde el denominador común ha sido la gran brecha entre ricos y pobres, aunadas a que las políticas económicas son extractivistas y no están alineadas con el bien común del ciudadano.

En los últimos días, el centro de la atención de la ciudadanía se ha enfocado en la contramayoritaria propuesta de modificación a la ley del seguro social hecha por la Alianza para salvar al sistema financiero no productivo de Panamá, y así evitar los gravámenes exigidos a los distintos tipos de renta ante el gran déficit fiscal

Estamos en el peor momento del ciclo de la deuda panameña y los salarios reales (ajustados a la inflación) se encuentran estancados, existe una sobreproducción de jóvenes con diplomas universitarios desempleados con una desconfianza «in crescendo» de las instituciones panameñas y una deuda pública a punto de reventar. No hay que ser profeta, ni tener visiones especiales para ver lo que los demás panameños están viendo en el anteproyecto de ley.

Como una fase desintegradora de la sociedad panameña con inestabilidad social y estallidos persistentes de violencia política, las modificaciones planteadas motivarán a migrar a la informalidad en el mejor de los casos o los directivos empresariales emplearán mayoritariamente mano de obra de migrantes presionando a los bajos salarios de los trabajadores panameños con menos formación académica. De aprobarse a tambor batiente las modificaciones planteadas, la historia panameña nos indica que se iniciará una lucha interna en las calles contra el establishment político.

El anteproyecto extingue la democracia participativa de nuestra empresa nacional, autónoma y constitucionalmente constituida, para conceder a un pequeño grupo de accionistas de financieras el manejo especulativo y sin sanciones -ni morales, ni legales- de las cuotas obrero patronal de los funcionarios públicos, entregando la actual democracia electoral panameña a los conglomerados empresariales de los fondos privados de pensión y sus consultoras. Muchos creen que el anteproyecto está fatalmente contaminado por su dependencia del impulso único de la codicia.

Es un anteproyecto diseñado para la coacción: si algún médico se queja de la calidad de los insumos médicos quirúrgicos, que compraría de manera directa el emperador de la seguridad social, el médico podría ser trasladado unilateralmente a otro rincón del país (ver artículo 32 que modifica 47 y artículo 39 que modifica 59 de la ley 51 de 2005). Por ningún lado en la ley se menciona la importación directa de medicamentos e insumos quirúrgicos como se hace con el arroz de primera actualmente para abaratar costos al erario.

El manejo de la cuota obrero-patronal de los funcionarios públicos por entes privados, no es más que socializar el riesgo y «privatizar los beneficios» sin ninguna injerencia de los asegurados en las decisiones de las directivas de las administradoras de fondos de pensiones. Es como si el Estado expropiara tierras a colonos panameños productores y se las regalará a terratenientes o transnacionales sin que se tribute ni saque beneficios reales a las mismas para hacer lo que están haciendo.

El único fin y responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones es con sus accionistas y no con la protección a la vejez de los muchos panameños que le descuentan religiosamente todas las quincenas el seguro social.

La única solución viable para el rescate de la seguridad social panameña debe empezar por equilibrar de nuevo los intereses en los que se deposita legalmente el poder de control y alejar los intereses del sistema financiero no productivo, el clientelismo político y proveedores del seguro social de las modificaciones de la ley de seguridad social panameña.

El autor es cirujano subespecialista.


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