A medida que se aproxima la fecha para los comicios, el escenario político panameño parece complicarse con la participación de nuevos actores que definitivamente generarán un impacto en la decisión popular del 2024. Específicamente, me refiero al pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en días pasados anunció la designación de nuestro expresidente como inelegible para ingresar a dicho territorio, por considerar que existía “información creíble” que él ha estado involucrado en actos significativos de corrupción.
Según el Departamento de Estado, el expresidente utilizó su posición en detrimento de la integridad de las instituciones democráticas panameñas, aceptando sobornos e incurriendo en actos de corrupción que no solo afectaron negativamente el patrimonio de nuestro país, sino que disminuyeron la calidad de vida, diezmando el progreso y el bienestar general de los panameños.
Sobre el particular, quisiera abordar brevemente dos asuntos: la soberanía y las consecuencias.
En cuanto a la soberanía, muchos defensores del ahora designado alegan que la intromisión del gobierno de Estados Unidos obedece a un acto político y que nuestro país no debería estar a merced de las decisiones de otros países. No obstante, este argumento carece de fundamento, puesto que los efectos de la designación son materialmente aplicables a la política de Estado y al territorio estadounidense. Es decir, en el ejercicio de su soberanía, Estados Unidos puede imponer las sanciones, justificadas o no, que estimen convenientes para los extranjeros que deseen entrar o involucrarse comercialmente o de cualquier forma con su territorio y sus nacionales.
Por otro lado, y al ver las consecuencias, debemos distinguir entre la sanción que involucra ser designado como inelegible para ingresar a Estados Unidos y aquellas severas que provienen de la inclusión de otro tipo de listados como, por ejemplo, el de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), que incluye la prohibición de importación, exportación, financiación y, en general, cualquiera transacción entre Estados Unidos y sus nacionales y aquellos (personas o países) sancionados por este departamento.
Lo anterior es relevante. puesto que, en la opinión popular, se ha comenzado a estimar el impacto que puede tener dicha designación (la del Departamento de Estado) en las empresas, negocios y otros que son propiedad del designado, las que, como hemos visto, parecen únicamente alcanzar al designado y sus familiares, en la medida de prohibirles el ingreso al territorio de Estados Unidos y no más allá.
Ahora bien, esto no es óbice para tomarnos el asunto en serio.
Sin entrar en mayores detalles, el Gobierno de Estados Unidos es el principal usuario del Canal de Panamá y, al menos en 2021, representó el mayor porcentaje de inversión extranjera directa en nuestro país. Cualquier persona que pretenda ignorar o empequeñecer el impacto y los beneficios que recibe la República de Panamá de su relación con Estados Unidos, simplemente ha abandonado la trinchera de la objetividad, abrigándose con el velo de la ignorancia.
Por ello, el panameño deberá evaluar con seriedad sus opciones en 2024, mirando más allá de sus propios intereses y comprendiendo el alcance que puede tener para el país (y su población, claro) estar sometida a gobernantes abiertamente corruptos.
Para quienes no se han enterado, nuestra situación como país es crítica y corremos el riesgo de iniciar una transición, lenta pero segura, a la situación desventurada que viven varios de los países de nuestra vecindad.
La autora es miembro de la Fundación Libertad
