La salud, como estado absoluto de completo bienestar del ser humano, requiere inversión social para hacer crecer a los pueblos. Es un derecho en una democracia real, aunque no lo sea en la práctica en Panamá. Esto está establecido en la Constitución Nacional, capítulo VI, artículo 109: “El Estado velará por la salud de todos los habitantes.” Sin embargo, en la nueva Ley 163, el sistema financiero tiene prioridad sobre la salud. Esto es evidente porque los políticos, empresarios y ciudadanos en altas posiciones solo se preocupan por sus propios beneficios.
Recordemos las causas del colapso en Venezuela: el contubernio entre empresarios y políticos de alto perfil. Un amigo probo ciudadano comentó respecto al Declive de la salud pública I: “La prestación de salud es deficiente.” Otro amigo respondió: “No te preocupes, el Dr. Fernando Arango lo resolverá.” Otro ciudadano, igualmente probo y con sólidos valores éticos, añadió: “Dino Mon lo resolverá.” Respetuosamente, ninguno de los dos está abordando este problema porque lo desconocen.
Habitantes todos, ni Superman ni Batman arreglarían esta situación si no se realizan dos cosas básicas:
Un diagnóstico situacional de la gestión en la atención en salud.
La revisión y adecuación de reglas, normas y protocolos que aseguren una jornada laboral de 8 horas con atención de excelencia, calidad y calidez humana.
Después de 50 años en la CSS y 10 años jubilado, puedo afirmar que en los puestos más altos, la desgobernanza —reforzada por la mafia partidista— impide a sus responsables entender la realidad. La CSS, como botín político desde hace más de 10 años, está atrapada en el clientelismo de empresarios que solo creen en la globalización o los negocios, incluso ignorando las recomendaciones de la CEPAL desde 1966 (Uruguay, Cuba y Costa Rica son ejemplos de sistemas de salud robustos, integrales y universales).
La desgobernanza no institucionalizada, heredada y protegida por asesores con conflictos de interés, convierte la atención en salud en un gasto y no en una inversión. Esto arrastra al ministro de salud, al director general e incluso al presidente a manejar este sensible sector de manera improvisada, basada en opiniones subjetivas como “yo creo”, “intuyo”, “pienso” y “porque siempre se ha hecho así.”
La situación actual. No existe buena atención en salud a pesar de un presupuesto anual de 11 mil millones de dólares, más de 40 mil funcionarios e infraestructuras de primer nivel (98 de ellas ávidas de mantenimiento). Solo hay negligencia, sin supervisión constante.
Nuestro sistema de salud tiene un costo-beneficio negativo, con una calificación de 3 en una escala del 1 al 10.
La partidocracia nefasta promueve una doctrina de laissez-faire (“dejar hacer, dejar pasar”), hábilmente maquillada y manipulada mediáticamente por asesores políticos e influencers.
Atención ideal en salud. Debe ser adecuada y humanizada, con calidad y calidez en la atención primaria, consultas periódicas y hospitalización. Sin embargo, esto no existe. En lugar de ello, los asesores políticos solo se preocupan por compras de medicamentos e insumos (la “fuente de premios”).
El país en cifras contradictorias. Panamá es considerado por el Banco Mundial como el país de mayor y más rápido crecimiento en América Latina, con el primer lugar en rascacielos y una ubicación estratégica. Sin embargo, ocupa el puesto 47 en desigualdad y tiene una atención de salud deficiente.
El 0.2% de la población —políticos y empresarios— dictan las reglas. Para ellos, todo es negociable y globalizado. El 80% de la masa poblacional, víctima de la desigualdad y el clientelismo, acepta dádivas. Un 10% es indiferente, actuando según sus intereses.
Propuestas básicas para mejorar la salud pública
Realizar un diagnóstico situacional independiente y apolítico en un plazo máximo de 6 meses.
Revisar, ajustar e igualar las reglas, normas y protocolos entre la CSS y el MINSA, garantizando atención humanizada y horarios laborales lógicos.
Lanzar una campaña motivadora para cambiar la actitud de los actores clave: usuarios, funcionarios, empresarios (proveedores), gobierno y medios de comunicación.
Conclusión: Integrar el MINSA y la CSS sería un grave error debido a su disfuncionalidad. La nueva Ley 163 no optimiza ni potencia la atención humanizada en salud. La tendencia de fortalecer el sistema financiero, ignorando la prioridad del paciente, solo perpetúa un régimen político y económico fallido.
Panamá vive bajo una partidocracia que nos arrastra a una “Panazuela,” sin importar quién sea el presidente. El cambio requiere voluntad política real, con el paciente como prioridad y no como excusa.
El autor es médico retirado.
