Antes que nada una confesión: soy un asiduo fumador de un cigarro o puro al día desde hace más de 30 años. Lo que me convierte en algo parcializado en el debate sobre el proyecto de ley 136 y el anteproyecto 165, presentado el 20 de enero de 2015 en la Asamblea Nacional como convenio marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaco. Reconozco lo que ya está ampliamente probado, que el abuso del tabaco es adictivo y a veces hasta letal para la salud del fumador. Pero eso no me impide el criticar un anteproyecto altamente draconiano, que se convierte en una prueba de litmus de hasta dónde las leyes de un Estado infringen en los derechos civiles del individuo en una sociedad supuestamente liberal y capitalista.
El propósito de este anteproyecto es simple y llanamente el volver casi imposible la venta y el consumo de los productos de tabaco en nuestro país. Tenemos como ejemplo el artículo 2, que manifiesta que “queda prohibido la venta, manufactura, importacion y distribucion del narguile y productos similares”. El artículo 4 prohíbe la venta a menores de edad, lo que está bien, pero impone tasas anuales de 3 mil dólares hasta 50 mil dólares, dependiendo del tamaño del establecimiento para comerciar estos productos. Los aeropuertos, puertos, zonas libres tienen que pagar una tasa anual de 100 mil dólares. El artículo 8 prohíbe la importación, distribución, comercialización de cigarrilllos electrónicos y similares, aun cuando se ha demostrado en países como Estados Unidos que ayudan a dejar la dependencia de productos manufacturados con tabaco.
Las disposiciones del artículo 13 obligan a revelar anualmente unos datos y exámenes que, en su rigor, se convierten en un nudo gordiano para su implementación. Y todo esto después de regular el color, tamaño y materiales de las cajas de cigarrillos.
El artículo 5 especifica: “los ambientes abiertos de acceso público, terrazas, vestíbulos, parques internos y balcones, tampoco se pueden usar para fumar”, aunque la libre circulación de aire garantiza que el humo expedido puede ser llevado a otras latitudes. Supongamos que exista un restaurante que permita el fumar, al que le moleste el humo del cigarrillo o puro no está obligado a entrar allí, puede elegir entre muchos otros restaurantes, y serán eventualmente las reglas del capitalismo y un mercado libre las que determinen la viabilidad o no de un restaurante donde se permite el fumar. Como dice Luis Castro Santos: “están relegando la educación en cuestiones de salud y las medidas preventivas al escenario de atrás, y convirtiendo el fumar en una cuestión de regulación y supervisión de una despótica policía médica”. Continua Castro, “los que fuman hoy sufren los más altos ataques preventivos en los rituales de la vida social”, incluso más que los que toman alcohol, anfetaminas y hasta algunas drogas.
Así como quieren regular la actividad de fumar, ¿por qué no lo hacen también con el expendio de alcohol, casi igualmente nocivo y adictivo? Como alega Dave Schmitz en el Chicago Tribune, que se confiesa no fumador y hasta alérgico al humo del cigarrillo de su esposa, que sí fuma, los “fumadores se han convertido en unos parias sociales”.
Un artículo publicado en The Guardian proclama que “el alcohol es peor que los cigarillos, destruye la autoestima y dignidad, causa la degradación personal que va acompañada de la destruccion familiar,” caso que, en contadas excepciones, no ocurre con las actividades relacionadas con el tabaco.
Regular está bien; pero no con disposiciones dignas de un Estado totalitario. Mientras tanto, seguiré disfrutando del placer, aroma y disipación del tiempo que me brinda un buen cigarro.
El autor es empresario