Unas 50 pruebas extraordinarias fueron presentadas por los abogados defensores en el juicio por los sobornos de Odebrecht, en una estrategia orientada a desvirtuar los cargos por blanqueo de capitales y buscar la exoneración de sus representados.
La presentación se produjo en medio de un proceso marcado por objeciones cruzadas y cuestionamientos a la validez de la prueba.
Entre las más activas estuvo Guillermina McDonald, abogada de Navin Bhatka, quien aportó siete pruebas documentales, incluidas certificaciones de la Autoridad de los Servicios Públicos vinculadas a la empresa Corporación de Energía del Istmo.
En la misma línea, Rolando Rodríguez, defensor de Demetrio Papadimitriu, presentó siete pruebas, entre ellas un informe de auditoría de la Contraloría General, firmado por el contralor Anel Flores, que —según la defensa— descarta un enriquecimiento injustificado. También solicitó la comparecencia de los peritos Luis Eduardo Reyes e Irving Ibarra para sustentar un análisis financiero de los bienes de su cliente.
Otras defensas optaron por pruebas periciales y testimoniales. Arturo Sauri, abogado de Carlos Dubois, pidió la convocatoria del perito forense Erasmo Moreno; Aníbal Salas solicitó la declaración del gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo; y Sidney Sitton, en representación de Aurora Muradz, requirió la comparecencia del perito Eliseo Ábrego, autor de un informe de actuación financiera relacionado con Odebrecht.
La defensa del expresidente Ricardo Martinelli, a cargo de Carlos Carrillo, fue una de las más extensas, con 17 pruebas extraordinarias. Entre ellas, alegó que a su cliente no se le levantó el principio de especialidad para ser investigado por el caso Odebrecht, aportó certificaciones del Tribunal Electoral sobre los fondos de su campaña presidencial y copias de fallos emitidos en Brasil que anulan actuaciones del caso Lava Jato, del cual se derivó la investigación de Odebrecht.
También la defensa de Federico Suárez presentó tres pruebas, incluido un informe de auditoría privada sobre las actividades del Grupo Suárez y el Grupo Martinelli, mientras que el defensor público Fernando Peñuelas, en representación de Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, aportó cuatro pruebas documentales.
Tras la presentación, la jueza Baloisa Marquínez decretó un receso hasta el próximo viernes, para que la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo formalice sus objeciones a las pruebas de la defensa, en un juicio que continúa acumulando incidentes y debates sobre la admisibilidad del material probatorio.
