Iglesia y Estado

El defensor de la fe

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Inició en el Vaticano su primera visita oficial como presidente, ignorando a Colombia y Costa Rica sus vecinos estratégicos, a quienes por tradición todo jefe de Estado panameño prioriza en su agenda. Y, así como comenzó, Juan Carlos Varela tiene planeado despedir su quinquenio con una imagen histórica al lado del papa Francisco, buscando, como defensor de la fe católica en un Estado laico, el efímero aplauso de jerarcas, clérigos y prosélitos de esa creencia religiosa.

El presidente está en absoluta libertad para seguir sus inclinaciones religiosas. El problema es que ha diluido la frontera entre su activismo religioso y sus funciones de Estado. Panamá es un país creyente, principalmente de doctrinas cristianas. Pero tratar desde una visión católica los temas nacionales es distorsionar y poner en riesgo el Estado laico.

Por ese activismo religioso, Varela gestionó que el Estado indemnizara al Vaticano por trasladar a Clayton la sede de la Nunciatura Apostólica, otorgándole un terreno valorado en $8 millones y $9 millones para la construcción de un monumento de lujo y ostentación. Cada Estado debe sufragar los costos de su sede diplomática, pero el Vaticano es la excepción.

En tiempos de Varela el paraíso ha resultado costoso a los panameños. Es difícil cuantificar los montos con los que el actual gobierno ha financiado todo tipo de actividades católicas. En los primeros 20 meses, según informes de prensa, los desembolsos ascendieron a $17 millones. Posteriormente se sumaron $4 millones en donaciones de terrenos en Arraiján, Colón y Don Bosco. Promover el proselitismo y las obras sociales católicas con dinero del Estado, es inaceptable desde todo punto de vista.

Por otro lado, el mandatario ha orientado su gobierno alrededor de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se realizará a finales de enero próximo, y a publicitarla no como un megaevento católico, sino como un compromiso del pueblo panameño.

Varela vendió la idea de que fue a Cracovia en julio de 2016 para lograr la sede de la JMJ. Un viaje que no era ni obligatorio ni necesario, puesto que dos meses antes se sabía que Panamá -que solo competía con Corea del Sur por lo costoso de su organización- había sido elegida.

De las 31 jornadas mundiales de la juventud, 13 han sido fuera de Roma, casi siempre en julio, pero Varela gestionó para que se realizara en enero, meses antes de finalizar su mandato.

El presidente apareció en una conferencia de prensa, arropado por la jerarquía católica, para anunciar los adelantos para la celebración de la JMJ, a la que el gobierno destinará $40 millones. Las prioridades de su gestión están supeditadas a ese evento, que realmente puede llegar a costar hasta $90 millones.

La línea 2 del Metro se espera que tenga habilitada para enero cinco estaciones y 12 vagones. Esos trabajos requieren este año de $365 millones. Lo mismo ocurre con la nueva terminal del aeropuerto de Tocumen.

El gobierno está acondicionando hospitales, licitando alimentos y bebidas, servicios logísticos, tarimas y mandó al exjefe de la Policía Nacional, Omar Pinzón, a entrenarse en el exterior para las operaciones de la JMJ. Se están destinando $300 mil para la compra de armamento sofisticado para garantizar la seguridad de un jefe de Estado, que también es líder religioso, y que llega al país por invitación del gobierno y los obispos católicos.

Resulta aberrante que se destinen fondos del Estado para financiar las estrategias de la iglesia católica para recapturar fieles y mantener su rol prominente en la sociedad otorgándole -pese a moverse en medio de ambigüedades y dualidades en temas como aborto, eutanasia, celibato opcional, divorcio y unión homosexual, sin olvidar su laxa postura sobre los abusos de menores- un rol de actor principal de la gobernabilidad y el orden político del país.

Tal vez Varela se sienta en deuda por el activismo político de la Nunciatura Apostólica, la jerarquía católica y el clero local en favor de su elección, y por esa razón desde el inicio de su gobierno se ha obstinado en promover la coexistencia de dos visiones contrapuestas como son la mezcla del Estado y la religión. Poner a disposición de un credo religioso las instancias del Estado para respaldar sus juicios éticos y morales, y su proselitismo en nada contribuye a la construcción de una sociedad más democrática y tolerante.

El autor es periodista

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