El Cuerpo de Delegados Electorales (CDE) nació en 1991 como un hijo del trauma y la esperanza. Tras 21 años de dictadura y un “terremoto institucional” que dejó las bases de nuestra democracia en escombros, Panamá vivía sumida en una paranoia colectiva. En ese contexto de “panameño contra panameño”, los magistrados del Tribunal Electoral tomaron la decisión audaz de convocar a la sociedad civil para crear un ejército de paz, ad honorem y desarmado, con el fin de enderezar el entuerto de una nación fracturada. La misión fue pedagógica y heroica: desmilitarizar la mente del ciudadano y de la Fuerza Pública.
Se alcanzaron hitos que hoy parecen sencillos, pero fueron revolucionarios, como la papeleta única para sepultar la compra de votos y el acto sublime del traspaso del mando de la Fuerza Pública —incluyendo a la Policía Nacional, el SENAN, el SENAFRONT y el SPI—, en el que el presidente Guillermo Endara Galimany, en un ejemplar desprendimiento, se separaba de su rol de comandante en jefe para entregar el mando operativo, en todo lo relativo a lo electoral, al Tribunal Electoral. El chaleco del delegado se convirtió así en el símbolo de una democracia que se ponía, por primera vez, por encima de los fusiles.
Hoy es imperativo reafirmar al CDE como la autoridad superior y brazo ejecutor de la voluntad de los magistrados en cada rincón de la República. En tiempos de elecciones, la jerarquía del país se transforma y la autoridad administrativa se subordina a la electoral; gobernadores, alcaldes y representantes dejan de ser actores políticos para ser sujetos vigilados. Amparados en el Código Electoral, los delegados son el freno contra el uso de recursos del Estado en el proselitismo, con la potestad de exigir el cumplimiento de la ley frente a cualquier autoridad que pretenda ignorarla. No es una colaboración opcional; es un mandato legal que garantiza que el poder político no incline la balanza.
Sin embargo, al no vivirse hoy las circunstancias extremas que crearon al CDE, se corre el riesgo de caer en la amnesia frente a los peligros de la “microdemocracia”. En las comunidades pequeñas, donde los clanes familiares pesan más que los partidos, la presión social puede asfixiar la libertad del voto. Es en esos escenarios donde el CDE debe ejercer una delegación profunda, utilizando el talento de los profesionales que integran sus filas —en fin, los ciudadanos— para aportar una visión técnica y humana que trascienda la logística.
Esta reingeniería necesaria debe apuntar a una veeduría jurisdiccional activa en los procesos judiciales de distrito, para evitar que la justicia local se contamine, asegurando que la imparcialidad no sea negociable en el nivel más básico del sistema.
Asimismo, la función pedagógica debe expandirse más allá de los cuarteles hacia el tejido vivo de la sociedad civil. Es fundamental que el CDE asuma un rol activo en la formación de ciudadanos, llevando su mística y el valor de su autoridad a escuelas, colegios, universidades y centrales obreras. Esta iniciativa de capacitación constante no solo educa al país sobre la importancia de custodiar el voto, sino que actúa como una poderosa herramienta de motivación y reclutamiento, asegurando que las nuevas generaciones vean en el chaleco una aspiración de servicio patriótico. El delegado no debe ser solo un vigilante del día de la elección, sino un instructor permanente que enseñe a la sociedad que la paz civil se construye con participación técnica y vigilancia ética.
Finalmente, el mando real sobre la Fuerza Pública debe ser absoluto durante los torneos, transformando el resto del periodo en una labor de formación donde el uniformado entienda, sin vacilaciones, que bajo la delegación del Tribunal Electoral su jefe inmediato es el civil del chaleco. A esto debe sumarse una auditoría de procesos que permita fiscalizar las etapas previas y posteriores a la votación, asegurando que la “calle llena de clavos” de la política criolla no pinche la legitimidad del sistema en ninguna de sus fases críticas.
Motivar para no retroceder es la única vía para preservar nuestra paz civil. Corresponde a los honorables magistrados fortalecer y dar nuevos bríos a esta reserva ciudadana, garantizando que el ejército de la paz siga siendo el guardián de nuestra soberanía frente a 2029.
El autor es presidente fundador del Cuerpo de Delegados Electorales.
