La idea de dialogar y buscar consensos en lugar de confrontar y generar escenarios con vencedores y vencidos es objeto de aceptación en el mundo contemporáneo. En nuestro país, especialmente, en el contexto político y otros entornos sociales, se observan diversas iniciativas de diálogo y concertación que son objeto de respuesta positivas y negativas de parte de las personas convocadas, la prensa y amplios sectores sociales. Se piensa que el diálogo es la panacea a la resolución de gran parte de los conflictos que se presentan en la sociedad.
La más reciente publicación del “Barómetro de las Américas” señaló que, en Latinoamérica, los panameños son los menos satisfechos con el funcionamiento de su democracia. Lo reflejado en las estadísticas se evidencia en los hechos recientes cuando miles de panameños han salido a las calles de manera organizada y pacífica a demandar respuestas claras y soluciones a tres “impasses” o problemas puntuales: el alza en el costo del combustible, el elevado costo de la canasta básica, y la carestía y precio elevado de los medicamentos.
El descontento ciudadano se produce en un escenario en el que, según un informe de la Contraloría General de la República, la tasa abierta de desempleo frisa el 9.9 %, mientras que la informalidad está en 48.2 %.
Las reivindicaciones sociales reclamadas en las calles aluden a una mala administración de los recursos, que impacta de manera negativa a toda la población y, en especial, a los que menos tienen, los más vulnerables social y económicamente.
Pese a que el Banco Mundial (BM) estima que el crecimiento económico de Panamá estará en un 6.3% para 2022, posicionando a nuestro país como una de las cinco mejores economías de América Latina y el Caribe, la realidad en los hogares panameños refleja una situación diferente.
Las reivindicaciones sociales reclamadas en las calles aluden a una mala administración de los recursos, que impacta de manera negativa a toda la población y, en especial, a los que menos tienen, los más vulnerables social y económicamente.
Veraguas ha sido el epicentro de esta lucha socioeconómica, a la que se han sumado, en unidad, gremios docentes, productores agrícolas, ganaderos, estudiantes y demás organizaciones civiles que agrupan a toda una nación en demanda de una solución inmediata a los problemas ya planteados.
Parte de las medidas de presión que se han ejercido incluyen la huelga docente, decisión que preocupa a diversos sectores, incluyendo a nuestra organización, Jóvenes Unidos por la Educación (JUxLaE). Los estudiantes panameños han pasado dos años sin clases presenciales, debido a la pandemia y nuevamente se encuentran en la misma situación. Se reconoce que cada día de clases perdido representa un retraso en el aprendizaje del estudiante y en el desarrollo del país.
Sin embargo, parte de las reclamaciones que realizan diversos gremios de la sociedad, incluyendo la representación estudiantil, consideran aspectos socioeconómicos como la alimentación y los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad. Reconocen que no se puede estudiar con hambre y que se hace necesario garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo del proceso educativo. En JUxLaE realizamos un llamado a los sectores involucrados para llegar a acuerdos que beneficien a toda la sociedad, en especial, a los estudiantes. Tomando en cuenta que la desigualdad en el acceso a recursos no permitió que las clases virtuales se llevaran a cabo con resultados favorables, se debe garantizar el retorno a clases presenciales con prontitud.
Parte de nuestro llamado de atención incluye la puesta en marcha de acuerdos como el Compromiso Nacional por la Educación, en el que se establecen políticas públicas y líneas de acción concretas y específicas para tratar de resolver problemas educativos. Además, se solicita la puesta en marcha de los acuerdos del Pacto del Bicentenario, que plantea soluciones a problemas socioeconómicos, de salud, agrícolas y muchos otros.
Desde Jóvenes Unidos por la Educación consideramos que hoy, más que nunca, se necesita el esfuerzo mayoritario de toda la población y una verdadera voluntad política de parte de las autoridades. Pasar del diálogo a la acción será clave para encaminar a nuestro país por la senda del desarrollo social integral en el que la equiparación de oportunidades se alcance a través de educación pertinente, incluyente y de calidad.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
