Han pasado cuatro años desde que se inició la presente administración y la mora existente en la resolución de procesos legales, sobre todo de la provincia de Chiriquí, es infinita. El hecho de que la secretaria de la institución sea sobrina del diputado de la provincia bocatoreña no es mera coincidencia; es un acto de nepotismo más.
La presente administración se ha dedicado a darle continuidad a todos aquellos actos de corrupción que fueron realizados en el cambio de administración pasado. Todavía dentro de la institución existe una abogada nombrada desde 2014 que se ha encargado de darle continuidad a dichos actos, haciendo malabarismo con la información y guiando a los nuevos funcionarios de a dedo para que sepan cómo actuar en cada caso y donde no actuar, para que el tiempo siga pasando y dichos procesos se queden en el olvido, porque parece que esto es una carrera de resistencia, donde el panameñito vida mía, con sus escasos recursos, debe pelear por sus derechos vulnerados y que a los funcionarios obligados por esta corriente les toque vender su alma por la necesidad de ganar un salario que les permita sustentar sus gastos diarios.
El objetivo de la secretaria en mención es dilatar dichos trámites hasta que los afectados se cansen de pelear contra el sistema. Los departamentos que conforman dicha institución no pueden hacer su trabajo porque cada documento que necesite firma de la secretaria, mientras el mismo no sea conveniente para sus aliados, automáticamente quedará en el olvido.
Las provincias del interior del país, hartas de estos malos manejos, consideran el cierre de calles como única vía para que los tomen en cuenta, ya que cada vez que se dan estas acciones, el director corre a apagar los incendios ocasionados por su equipo de trabajo que nunca han sido realmente de él y que, por el contrario, han estado esperando pacientemente ocupar su lugar. El director saldrá como una víctima del sistema. No existe mayor mal en la sociedad, en la presente administración y en esta institución que el daño generado por la corrupción, porque la dilación en los procesos y la falta de respuesta de parte de las autoridades también son actos de corrupción.
Al final, nada importa para estos funcionarios porque ellos saldrán en poco más de un año. Sin embargo, el transportista seguirá luchando por el cumplimiento de sus derechos y esperará pacientemente el momento indicado para que dichas personas respondan ante la justicia por sus malos actos.
La autora es abogada
